Argentina quiere nacionalizar las jubilaciones que ahora gestionan entidades privadas como el BBVA

• El Gobierno de Cristina Fernández prepara una reforma del sistema de jubilaciones
• El plan supone que los fondos que gestionan las entidades privadas pasen al sistema estatal
• Ahora, en Argentina 9,5 millones de trabajadores reciben su pensión de manos privadas
• El Gobierno completa la paga de tres de cada cuatro de estos pensionistas
• Hay además otros cinco millones de jubilados que cobran en exclusiva de las arcas públicas

Parte de las pensiones de los argentinos dejarán de estar en manos privadas, como las del banco español BBVA, para ser gestionadas por  el Estado. El Gobierno de Argentina prepara una reforma en el sistema de jubilaciones, con un posible traspaso de los fondos administrados por entidades privadas al sistema estatal de reparto, según han informado fuentes oficiales.

El plan supone profundos cambios para las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), creadas en 1994 en Argentina, controladas principalmente por bancos y a cuyas arcas se derivan los aportes de 9,5 millones de trabajadores argentinos afiliados al sistema de jubilación por capitalización. Tres de cada cuatro reciben también dinero del Estado para completar su pensión.

De las arcas públicas en exclusiva cobran pensiones otros cinco millones de argentinos.

Actualmente en Argentina existen diez AFJP. Las principales son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan el 47% de los afiliados al régimen de capitalización.

Fuentes oficiales citadas por la agencia estatal de noticias Télam, han indicado que el sistema de capitalización -que convive con el de reparto (estatal)- "es completamente inadecuado" por la pérdida de rentabilidad para los afiliados a partir de la crisis financiera global.

Vuelta al sistema público como único

El Gobierno se plantea como alternativa un retorno al sistema único y obligatorio de jubilación por reparto, lo que supondría el fin de las AFJP, que sólo podrían subsistir como administradoras de fondos hechos voluntariamente por aquellos trabajadores que, al momento de jubilarse, quieran cobrar un retiro privado adicional al recibido de parte del Estado.

Fuentes del sector consultadas por Efe, han indicado que las administradoras analizan los planes del Gobierno para tomar una posición conjunta al respecto.

Medios locales han informado que los cambios serán anunciados este martes por la propia presidenta argentina, Cristina Fernández, que enviará al Parlamento un proyecto de ley que plasma la reforma.

Más de 30.000 millones de dólares

El patrimonio en poder de las AFJP era a finales de agosto pasado de 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares), colocados principalmente en títulos públicos (55% del total) y en acciones y títulos privados (14%), activos golpeados por la crisis financiera global.

De los 9,5 millones de afiliados a las AFJP, sólo 3,6 millones de trabajadores registran aportes regulares cada mes al sistema privado.

En tanto, de las 445.514 personas que cobran un retiro pagado por una AFJP, el 77% también recibe un pago de parte del Estado, ya que sus ingresos por el sistema privado no alcanzan a cubrir la jubilación mínima, que es de 689 pesos (212,6 dólares) mensuales, por debajo de la cesta básica de alimentos y servicios que marca la línea de pobreza y que el mes pasado fue de 970 pesos (300 dólares).

Unos cinco millones de argentinos cobran actualmente su jubilación a través del sistema estatal de reparto, al que en tanto hacen aportes otros cinco millones de trabajadores.

El titular de la Confederación General del Trabajo (la mayor central obrera del país), Hugo Moyano, se ha mostrado a favor de la reforma y sostiene que con la crisis "las AFJP han perdido una cantidad impresionante de dinero y esto perjudica a los futuros jubilados".

Por el contrario, el diputado Federico Pinedo, de la opositora Pro, opina que "la propuesta de eliminación de las AFJP es una maniobra del Gobierno para quedarse con el dinero de los futuros jubilados".