Cientos de argentinos se manifiestan en contra de la nacionalización de las pensiones

• El 89% de la población, 9,5 millones de pensionistas, han eligido el sistema de capitalización
• Los fondos de pensiones suponen 98.000 millones de pesos (30.600 millones de dólares)
• Para la oposición la medida está destinada a manejar el dinero para enjugar la deuda

Trabajadores de los fondos de pensiones se manifiestan en Buenos Aires

Cientos de trabajadores de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) de Argentina se han manifestado en Buenos Aires frente a la Casa de Gobierno para reivindicar que los ciudadanos puedan elegir su sistema de pensiones.

La alarma saltó en los últimos días, cuando el Gobierno anunció el envío al Parlamento de un polémico proyecto de ley de estatización de los fondos privados de pensiones.

Los trabajadores de las AFJP se han echado a la calle para pedir la protección de su trabajo y reivindicar el derecho de los ciudadanos a elegir el sistema de pensiones que prefieran, entre el de capitalización y el de reparto.

Marisa Martínez, trabajadora de una AFJP y presente en la manifestación, ha explicado que, en su opinión, "por una postura compulsiva quieren pasar a todo el mundo al sistema de reparto, pero el Estado o el Gobierno de turno no tienen por qué elegir cómo manejamos nuestro dinero".

Cifras millonarias

En la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, los manifestantes quisieron recordar que el 89% de la población se acogió al sistema de capitalización y mostraron pancartas que rezaban críticas al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El plan oficial supone el traspaso al Estado de la cartera de fondos gestionada por las AFJP por 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares).

De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.

Las principales fuerzas políticas de Argentina coinciden desde hace años en la necesidad de anular la jubilación privada implantada en 1994, pero la oposición asegura que esta reforma impulsada por el Gobierno de Fernández busca financiar gastos y la deuda pública con los fondos de pensiones.