Garzón procesa a seis empresarios por pagar a ETA y retira la imputación al peneuvista Agirre

• Hay 24 procesados en relación con el aparato de extorsión de la banda
• Hay procesados seis directivos de Azkoyen acusados de pagar 222.374 euros a ETA 
• También acusa a dos constructores de colaborar con ETA por pagar voluntariamente
• En el aparato de extorsión, denominado GEZI, estaban dirigentes etarras
• Los cobros y las gestiones se hacían en el bar Faisán de Irún
• Garzón ha alzado la imputación a otras 11 personas
• Dice que la comparecencia de Arzalluz desvirtuó la imputación de Agirre

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA, entre ellas seis directivos de la empresa Azkoyen, y ha retirado la imputación por estos hechos a otras 11, entre las que destaca el ex dirigente del PNV Gorka Agirre.

Entre los 24 procesados, a los que imputa los delitos de integración o colaboración en organización terroristas y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre, Anboto; el dueño del bar Faisán en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.

El juez explica en su auto que el aparato de extorsión, conocido como GEZI, "cuenta con una red paralela de personas (miembros legales y colaboradores) de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista".

Esa red paralela "estaría liderada" por Elosúa y también la integraban los procesados Ramón Sagarzazu, Txempela, y Jean Pierre Haracorene, con los que colaboraban los también procesados José Carmelo Luquín, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal.

También colaboraron presuntamente con esa red, en "al menos una ocasión", Jesús Iruretagoiena, y en Francia lo hicieron Ángel Iturbe Abasolo, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga, a los que se está investigando en el citado país.

Garzón acusa en concreto a Elosúa de participar junto a Sagarzazu "en la gestión del cobro a diferentes empresarios" y en la distribución de cartas de extorsión de ETA en "las campañas de marzo de 2005, agosto-septiembre de 2005 y febrero de 2006".

El punto de cobro, un bar de Irún

El bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún (Guipúzcoa), era "el lugar en el que solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA".

El juez relata que Elosúa mantenía contactos en el bar "con diferentes empresarios con los que no tenía relación comercial" y por ello deduce que esos contactos "podrían estar dirigidos a la gestión del pago de cantidades de dinero exigidas por ETA".

Entre 1998 y 2006, agrega, los miembros de la red "mantuvieron abundantes reuniones" en el domicilio de Iturbe Abasolo en Arcangues (Francia) "con el objeto de acordar y decidir los pasos que se debían dar para conseguir la efectividad de la finalidad proyectada".

Entre los procesados figuran también el ex director general de Akoyen Ignacio Moreno Purroy y cuatro ex miembros del Consejo de Administración de Azkoyen -José María Careaga, Francisco Elizalde, Ignacio Orbaceita y Ricardo Armendariz-, a los que el juez acusa de haber pagado a ETA 222.374 euros. También procesa al ex jefe de contabilidad de esta misma empresa Jesús Marcos Calahorra.

Garzón acusa a otros dos constructores, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, de hacer llegar 54.000 euros a Julen Kerman, con la intervención de Elosúa y Sagarzazu, e hicieron constar "que entregaban este dinero a ETA con carácter voluntario y con el fin de favorecer el llamado 'Proyecto de Paz'".

A Azpiroz y Saralegui les imputa un delito de colaboración con ETA "por cuanto ambos pagaron voluntariamente en 2006 a pesar de que inicialmente en 2001 se les exigió la aportación", por lo que "la carga coactiva o amenaza que pudiera haber existido desaparece y se transforma en un acto consciente".

Levanta la imputación

Por contra, Garzón decide "alzar la imputación" a otras 11 personas, entre las que destacan el hijo del dueño del bar Faisán y Gorka Agirre.

Respecto a Agirre explica que, pese a las conversaciones de "contenido críptico y aparentemente intimidatorio, una serie de diligencias, comola comparecencia del ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, "han desvirtuado en gran medida las imputaciones".

Cuando Arzalluz compareció ante el magistrado dijo que si Aguirre, ex responsable de relaciones internacionales del PNV, hubiera sido un intermediario de ETA "le hubiéramos echado del partido" y aseguró que sabía que no había hecho eso nunca porque conocía de él "hasta su marca de calzoncillos".

En otro sumario, que se separó de esta causa, Garzón investiga el llamado "chivatazo a ETA" que supuestamente sirvió para alertar a la organización terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el 20 de junio de 2006, tres meses después del último alto el fuego declarado por la banda.