El Gobierno regula que los pisos protegidos tengan 15 m² por persona como mínimo

• La ministra de Vivienda presenta a las autonomías el nuevo Plan Estatal de Vivienda
• Las VPO no podrán tener menos de 30 metros cuadrados para dos personas
• Por cada miembro más de la unidad familiar, el piso deberá sumar 15 metros
• A partir de mañana, se abre el plazo para la oferta pública de compra de suelo
• El Gobierno comprará terrenos por 300 millones de euros para pisos protegidos
• Dará prioridad a zonas cercanas a núcleos urbanos y zonas degradadas

Mañana comienza el plazo de presentación de oferta pública de compra de suelo

Vuelven los minipisos. El Gobierno va a proponer que las viviendas de protección oficial (VPO) para venta o alquiler tengan una superficie mínima de 30 metros cuadrados para dos personas. Una superficie que deberá ampliarse en quince metros por cada miembros más de un hogar.

Es una de los aspectos que recoge el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda (2009-2012) que ha presentado este lunes la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, a las comunidades autónomas y agentes económicas y sociales.

Aunque son las autonomías las que deciden las superficies de las viviendas protegidas, el documento recoge que, en caso de que no lo hagan, la superficie mínima deberá ser de 30 metros.

En cuanto a la superficie máxima, el texto recomienda que se limite a 90 metros cuadrados. No prevé que sea mayor para supuestos como el de familia numerosa, que en el caso del plan vigente (2005-2008) amplía el tamaño posible de la vivienda protegida hasta los 120 metros cuadrados.

La primera vez que se habló de pisos de tamaño más reducido para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, fue cuando la ex ministra María Antonia Trujillo, habló de los minipisos. Una idea que finalmente tuvo que ser aparcada por la polémica que levantó. Ahora, los 30 metros cuadrados son un mínimo, pero muchos constructores optarán por este modelo.

Mayor control para evitar el fraude

El nuevo plan pretende, como ya adelantó en la última conferencia sectorial la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que la concesión de VPO en alquiler y venta tenga un mayor control por parte de la Administración Pública para evitar fraudes en las adjudicaciones.

Para ello se creará un registro público de demandantes para garantizar que la adjudicación de los pisos se haga según los principios de igualdad, concurrencia y publicidad bajo el control público.

Separados y divorciados

Entre los colectivos especialmente vulnerables que podrán acceder a las ayudas para el alquiler o la compra se incluirán por primera vez a separados y divorciados.

Con el nuevo plan, la protección de las viviendas no podrá ser en ningún caso inferior a 30 años.

Baremos económicos

El documento también detalla que tanto para compra como para alquiler o alquiler con opción a compra los beneficiados deberán tener una renta máxima de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.292,25 euros mensuales por hogar en el caso de viviendas protegidas de régimen especial.

Para las viviendas de régimen general, la renta máxima se reduce a 4,5 veces el IPREM, 2.326,05 euros mensuales por hogar, mientras que para las de precio concertado se establece en 6,5 veces el IPREM, 3.359,85 euros.

El nuevo plan también resalta el interés específico de la rehabilitación de viviendas y la renovación de núcleos urbanos como uno de los pilares para poner viviendas dignas y asequibles en el mercado.

Venta de suelo para pisos protegidos

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado este lunes que desde el martes y hasta el próximo 29 de diciembre estará abierto el plazo para acudir a la oferta pública de compra de suelo a la que este departamento destinará un presupuesto inicial de 300 millones de euros.

En un receso de la reunión del Consejo del Plan Estatal de Vivienda (PEV), Corredor ha explicado que las parcelas deberán estar situadas en municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las zonas próximas a núcleos urbanos, así como a zonas degradadas.

Asimismo, la ministra ha aclarado que sólo se comprarán terrenos urbanizables, que de media pueden tardar entre 2 y 4 años en ser aptos para la edificación, mientras que no se adquirirán solares ya urbanizados.