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El ex edil de Urbanismo de Palma, acusado de abuso sexual, tráfico de drogas y exhibicionismo

  • Javier Rodrigo de Santos está en prisión preventiva acusado de abusar de dos menores
  • El juez le ha impuesto también una orden de alejamiento de las víctimas y su familia

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El juez ha imputado al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, los delitos de abuso sexual, tráfico de drogas y exhibicionismo.

De Santos, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Palma por un presunto delito de abuso sexual a dos menores, ha llegado a los juzgados de Vía Alemania alrededor de las 11.00 horas, donde ha sido trasladado por varios agentes de policía a la sala de Instrucción número 8 que dirige el magistrado Antoni Rotger.

El juez ha informado a De Santos de que, debido a una llamada telefónica realizada por el ex concejal popular a la madre de los dos menores de los que supuestamente abusó, ahora deberá hacer frente también a una orden de alejamiento que le prohíbe expresamente cualquier comunicación con las víctimas y su familia.

Tras casi dos horas en el interior de la sala, el ex concejal ha salido sin querer hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban en los pasillos de los juzgados, acompañado de una pareja de policías que lo han llevado hasta el coche policial con el que ha sido trasladado de nuevo a prisión.

Causas pendientes

La causa es una de las tres que el ex político popular tiene pendientes en los juzgados, a raíz de una denuncia presentada por dos menores que el ex concejal habría conocido en clases de catequesis y a los que, supuestamente, habría proporcionado drogas y mantenido relaciones sexuales.

Otra de las causas abiertas contra De Santos hace referencia a un supuesto delito de malversación de fondos públicos en clubes de alterne, mediante el uso de la tarjeta de crédito que le había otorgado el consistorio con relación a su cargo de ex concejal de Urbanismo y con la que habría gastado 45.000 euros.

La tercera y última causa que De Santos tiene pendiente está relacionada también con la malversación de fondos públicos, además de delitos de fraude, falsedad documental y cohecho en relación a la construcción de una zona de juegos infantiles que imita la forma del Castillo de Bellver en el Parque de Sa Riera de la capital balear.