Una enferma británica pierde su batalla legal para aclarar la ley de suicidio asistido

• La mujer, de 45 años, sufre escelerosis múltiple y quiere morir
• Pide al Tribunal que aclare cuando se procesa por ayudar a morir en el extranjero
• Baraja la posibilidad de viajar a Suiza donde la eutanasia está legalizada
• Teme que su marido sea procesado por ayudarla a morir en este país    

Una británica que sufre esclerosis múltiple ha perdido su batalla legal para que el Tribunal Superior de Londres obligue a la Fiscalía a precisar en qué circunstancias una persona puede ser procesada por ayudar a morir a otra en el extranjero.

Debbie Purdy, de 45 años y con domicilio en Bradford (norte de Inglaterra), baraja la posibilidad de viajar en el futuro a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si sigue empeorando de su enfermedad.

Sin embargo, Purdy, que se mostró "muy decepcionada" por el fallo judicial y a quien se ha concedido autorización para que apele, teme que su marido, el músico cubano Omar Puente, pueda ser juzgado en el Reino Unido si le acompaña al país helvético para asistirla en el suicidio.

La enferma, cuya enfermedad se le diagnosticó en 1995, conserva intactas sus facultades mentales, pero ya no puede andar y la parte superior de su cuerpo se está debilitando de manera progresiva.

El suicido asistido está tipificado como delito en Gran Bretaña y acarrea una pena máxima de 14 años de cárcel. No obstante, casi un centenar de ciudadanos británicos ha puesto fin a su vida en Dignitas, la polémica clínica suiza especializada en suicido asistido, sin que sus familiares hayan tenido que rendir cuentas ante la Justicia.

Ante esa ambigüedad, Purdy quería que la fiscalía del Estado británico aclare cuándo se puede procesar a una persona que ayuda a otra a morir en el extranjero.

Los jueces Scott Baker y John Aikens han desestimado la petición de la mujer por considerar que "implicaría un cambio en la ley". En su fallo, los magistrados indican que "el delito de suicidio asistido está redactado de forma muy amplia para cubrir todo tipo de circunstancias diferentes" y que "sólo el Parlamento puede cambiarlo".

"Aún no sabemos cómo podemos estar seguros de que cumplimos la ley, porque desde luego no estoy dispuesta a que Omar infrinja las leyes. No estoy dispuesta a que vaya a la cárcel", ha manifestado la mujer a la salida de la vista en el Tribunal Superior de Justicia.

"¿Cómo podemos estar seguros de que actuamos dentro de la ley si no nos dicen en qué circunstancias nos juzgarían?", ha agregado Purdy, al tiempo que ha confiado en que la Corte de Apelaciones adopte una visión diferente y que, mientras tanto, el Parlamento británico recoja la indirecta de los jueces y revise la ley.

  

En su resolución, los magistrados muestran su "gran solidaridad" por la mujer, su marido y todos aquellos en una situación similar "que desean saber con antelación si serán procesados por hacer lo que muchos considerarían como algo que la ley debería permitir, ayudar a un ser querido a viajar al extranjero para poner fin su sufrimiento cuando son incapaces de hacerlo por su cuenta".