Manifestación del metal en Vigo para que no se enjuicie a cuatro empleados por sucesos de 2007
- Cuatro trabajadores están pendientes de juicio por altercados del año pasado
- En una marcha en la que pedían respeto al convenio hubo enfrentamientos con la policía
- El juicio se iba a celebrar este jueves pero se ha aplazado al 5 de febrero
- Uno de los acusados ha pedido cambiar de abogado porque dice no sentirse representado
- Ha habido un pequeño altercado con un viandante que ha reprendido a los trabajadores
Más de 2.000 trabajadores del metal han salido esta mañana a las calles de Vigo, en lo que forma parte de un paro de 24 horas, para expresar su apoyo a cuatro compañeros a los se imputan disturbios y altercados en la última huelga del sector, en 2007.
El juicio contra los cuatro obreros estaba previsto que se celebrase este jueves en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo pero ha quedado aplazado para el próximo 5 de febrero, después de que uno de los acusados no se sintiese representado por su abogado, por lo que buscará otro.
Los trabajadores comenzaron a concentrarse sobre las 07.00 de la mañana en sus centros de trabajo, principalmente astilleros y auxiliares de la automoción, y luego se congregaron en la Plaza del Rei de Vigo. Desde allí han recorrido varias calles por las que han ido cortando el tráfico y lanzando petardos. Han concluido en los juzgados de Vigo, donde han gritaron "Libertad libertad" o "No son cuatro, somos todos".
Momentos de tensión
Al llegar a dependencias judiciales, se ha producido un momento de tensión, ya que un grupo ha intentado cortar el cordón policial pero, finalmente, no se han registrado incidentes.
Pero este no ha sido el único momento de tensión, ya que, cuando los cientos de trabajadores abandonaron las dependencias judiciales y se dirigían de vuelta a la Plaza del Rei -donde se celebró una asamblea informativa- tres trabajadores agredieron a un viandante que bajaba por la Gran Vía.
Dicho viandante, con claros síntomas de embriaguez, comenzó a increpar a los manifestantes que discurrían por Gran Vía y tres trabajadores le agredieron físicamente. En el transcurso de este ataque rompieron de manera accidental la ventanilla de un vehículo.
Los sucesos de 2007
Uno de los imputados, Emilio Docampo, ha señalado a EFE señaló que el día que lo detuvieron en la pasada huelga del metal de 2007, cuando iba a recoger su vehículo después de una movilización, la policía dio una "paliza" a uno de sus compañeros. "Este es un juicio basado en la mentira", ha subrayado este trabajador del metal, que ha agregado que "nos cogieron a nosotros como podían haber cogido a otros, a quien le toca le toca", ha argumentado.
Docampo ha explicado que ayer abogados defensores y la fiscal intentaron llegar a un acuerdo para que no se celebrara el juicio, pero que como el requisito era reconocerse culpable de los hechos que se le imputen, dijo que el proceso judicial seguirá adelante.
"Yo no tengo que asumir una culpabilidad que no tengo", ha dicho y ha explicado que el acuerdo pasaba por una pena de cárcel de 6 meses, con lo que si no tienen antecedentes no ingresarían en prisión, aparte de una multa económica.
Acusados de vandalismo y altercado
Por su parte, otro de los compañeros acusados de vandalismo y altercado público, Daniel Cascallar, ha explicado que renunció a su defensa porque no se sentía bien representando y porque, subraya, sólo mantuvo dos encuentros desde que lo detuvieron el pasado año.
Castallar ha señalado que ante la "indefensión" prefiere acudir el 5 de febrero con otro abogado, sobre todo, teniendo en cuenta que "me acusan de cargos que no he cometido".
Según este trabajador, lo detuvieron porque en un momento determinado le dijo a un policía que estaba haciendo fotos durante el asalto de los manifestantes a la delegación provincial de Hacienda que las hiciera "guapas". "No le debió hacer gracia", comentó, pero "yo soy inocente", ha expresado.
Las multas las pagará el sindicato
Acompañando a los compañeros imputados también estuvieron el secretario nacional del sindicato CIG, Suso Seixo, quien ha asegurado que pese a que el Estado pretende amedrentar a los trabajadores para que no hagan movilizaciones "vamos a seguir reivindicando".
También se ha solidarizado con los imputados el responsable del metal de CIG Vigo, Antolín Alcántara, quien explicó que si, finalmente, les imponen multas serán pagadas por el sindicato, independientemente de si están o no afiliados a él. CIG también corre con los costes de los abogados defensores.
En la misma línea de apoyo se mostró el secretario comarcal de UGT, José Antonio Álvarez, quien lamentó que el juicio quedase aplazado a febrero cuando en ese mes está prevista la negociación del próximo convenio del metal.