El Foro de la Familia cree que una nueva Ley del Aborto traerá "más violencia machista"

• La organización ha acudido a la subcomisión de reforma de la ley a propuesta del PP
• Pide que se revisen las políticas de educación sexual y de fomento del preservativo
• La Fundación Mujeres, llamada por el PSOE, pide que el aborto deje ser de un delito
• Las organizaciones feministas quieren la revisión de las objeciones de conciencia

División para reformar la Ley del Aborto

El enfrentamiento entre los expertos llamados por PSOE y PP en la subcomisión encargada de debatir una reforma de la ley del aborto se ha hecho patente nada más iniciarse sus trabajos, pese a que se desarrollan a puerta cerrada. 

Si para el Foro de la Familia, que ha acudido convocado por los 'populares, esta reforma  traerá "más coacción y más violencia machista hacia la mujer para que aborte", para las expertas designadas por el PSOE e IU-ICV el aborto debería despenalizarse y regularse la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicar abortos.

Más aún, si para la organización defensora de la familia lo progresista es defender la vida del no nacido y fomentar las ayudas a las mujeres que quieren tener el niño frente al fomento de la educación sexual y el preservativo, para la Fundación Mujeres y las organizaciones feministas se debe conciliar el derecho a la vida con el de la madre a decidir y es necesario impulsar los programas de educación sexual. 

Foro de la familia: abocadas al aborto

 

En declaraciones a los medios a la salida de la subcomisión, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco,  ha destacado que la actual normativa sobre el aborto ha generado "una situación de violencia machista y coacción de género contra la mujer embarazada", porque "todo su entorno la deja sola" ante su decisión y "nadie se responsabiliza con sus problemas". 

"Hay muchas mujeres que se ven abocadas al aborto sin libertad alguna, porque la ley las ha hecho susceptibles de ser chantajeadas emocional y laboralmente para que aborten", ha aseverado Blanco, al tiempo que ha vaticinado que la despenalización del aborto "agravará esta situación de injusticia, ya que al no haber ninguna restricción, la mujer sufrirá más coacción y más violencia machista". 

Para Blanco, "la única solución progresista es proteger siempre y en todos los casos la vida del no nacido como ser humano que es y proteger siempre y en todos los casos a la mujer para que nunca se vea abocada al aborto por falta de solidaridad social". 

Además, Blanco ha pedido a los diputados de la subcomisión que propongan al Gobierno una "solidaridad activa de las políticas públicas con la mujer embarazada", así como que estudien "por qué fracasan continuamente las políticas de educación sexual y de fomento del preservativo". 

"El Estado lleva 30 años gastando muchísimo dinero en este tipo de políticas y siguen aumentando el número de abortos y de embarazos indeseados, sin que se haya contenido la expansión de las enfermedades de transmisión sexual. Ya es hora de que alguien analice esta cuestión a fondo", ha subrayado.

Organizaciones feministas: contra la inseguridad jurídica

Por el contrario, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que ha comparecido a propuesta del PSOE, ha planetado a la subcomisión sacar el aborto del Código Penal para garantizar el "derecho de las mujeres a decidir". 

"El aborto es un elemento de garantía, no debe ser un delito despenalizado sino que tiene que estar íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos", ha agregado. 

Soleto ha apostado "una ley que haga conciliable el derecho a decidir de las mujeres con una adecuada protección del derecho a la vida en función del desarrollo embrionario". 

"No tiene ningún sentido esta ley restrictiva como la actual, que lo único que ha provocado son problemas de inseguridad jurídica", ha subrayado.

Para esta feminista, la mejor opción sería una "combinación de la libre decisión de las mujeres dentro de un plazo no inferior a las 16 semanas" con una serie de supuestos en los que también se pueda abortar una vez transcurrido ese tiempo. 

En esta misma línea, la representante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, Justa Montero, ha pedido "un cambio urgente porque la actual normativa genera inseguridad jurídica" a las mujeres que abortan y a los profesionales sanitarios que las atienden, y "no garantiza" que se puedan practicar abortos en los hospitales públicos. 

Objeción de conciencia

También se ha mostrado partidaria de "regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, porque es uno de los elementos que impiden que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo" en los hospitales públicos. 

En concreto, propuso tener una relación de los profesionales que atienden las demandas de estas mujeres en todos los centros públicos. "Una institución sanitaria pública no puede objetar. Hoy en día se produce esa objeción cuando se ponen trabas a los profesionales que sí estarían dispuestos a realizar las interrupciones", ha defendido. 

Sobre este tema, Benigno Blanco dio por hecho que "a nadie se le ocurrirá cambiar una ley violar un derecho fundamental reconocido en la Constitución como es el de la objeción de conciencia". 

Mientras tanto, un grupo de voluntarios de la plataforma Derecho a Vivir (DAV), vinculada a HazteOir.org, representó a las puertas del Congreso "el drama y el negocio del aborto" para denunciar que "la libertad de la mujer para disponer de una alternativa al aborto está amenazada por los intereses de la industria abortista". 

Tres mujeres, que simulaban estar embarazadas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y de la presidenta de la subcomisión, Carmen Calvo, escenificaron que acudían a una clínica abortista en la que un hombre con un manto negro (disfrazado como la muerte) les indicaba su derecho a decidir al tiempo que les pedía que no se olvidaran de "pasar por caja".