Los terroristas y pederastas estarán bajo libertad vigilada 20 años después de cumplir su condena

• El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una reforma del Código penal
• Supondrá un endurecimiento de las pensas para terroristas y pederastas
• Los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescribirán
• Los terroristas no podrán acercase a sus víctimas y familiares
• Se trata de la primera reforma del Código Penal que acomete Zapatero
• De la Vega ha asegurado que "los ciudadanos estarán más protegidos"
• El crimen organizado, la corrupción y la piratería marítima, otras prioridades del Gobierno 

El Consejo de Ministros aprueba el endurecimiento del Código Penal

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma del Código Penal que contempla el endurecimiento de las penas para pederastas y terroristas a los que se aplicará 20 años de libertad vigilada después de cumplir su condena. Esta modificación también prevé que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha puesto de manifiesto que de esta forma se ha atendido a la demanda de los ciudadanos "que a partir de ahora estarán más protegidos".

La número dos del Gobierno ha destacado que esta reforma contempla medidas de alejamiento de los terroristas respecto a sus víctimas.  El ministro de Justicia, Mariano Bermejo, que ha acompañado a la vicepresidenta en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que era necesario dar una respuesta contundente a las agresiones pederastas "que les preocupan mucho a los ciudadanos".

Las medidas no podrán aplicarse con efecto retroactivo, según ha explicado Bermejo. A juicio de De la Vega, era necesario un endurecimiento de las penas "que se cumplirán íntegramente", como también lo era, en su opinión, dar el mensaje a los violentos de que "no hay un resquicio para la impunidad". 

El Gobierno lleva trabajando meses en esta reforma penal, la primera desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero y que ya anunciaron los ministros de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Mariano Fernández Bermejo, el pasado mes de septiembre.

Registro de pederastas y pulseras electrónicas

Las medidas de libertad vigilada se centran en comparecencias judiciales periódicas, pulseras electrónicas de seguimiento del condenado, programas formativos de reinserción e incluso la castración química, en el caso de delincuentes sexuales y siempre y cuando lo acepte el penado.

Además de la libertad vigilada, se pondrá en marcha un registro de pederastas. Una base de datos que tendrá como objetivo que estas personas puedan ser identificadas "inmediatamente" y se pueda impedir que un pederasta condenado pueda trabajar con menores una vez haya salido de prisión.

El caso Mari Luz ha sido determinante para que el Gobierno se plantee una reforma del Código Penal. De hecho, algunas de las medidas que el Gobierno va a aplicar contra la pederastia se anunciaron después de una entrevista del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Lucha contra el crimen organizado y la piratería marítima

El titular de Justicia ha asegurado que el Gobierno va a intensificar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada dada la preocupación que genera en la ciudadanía. Se ha referido concretamente a delitos como robos en chalets y en joyerías. Cree que las penas para estos delitos deben ser "más contundentes".

Un mayor control de la lucha contra la corrupción en el ámbito público y privado va a ser otra de las prioridades del Gobierno.

La reforma del Código Penal  incluye la creación de un nuevo delito de piratería, castigado con entre 10 y 15 años de prisión, para casos como el vivido por los tripulantes del pesquero "Playa de Bakio", ocho de ellos gallegos, secuestrado el pasado mes de abril frente a las costas de Somalia.

El nuevo tipo penal se incluirá dentro del título dedicado a los delitos contra la Comunidad Internacional y el Gobierno ha justificado su creación "ante la necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación aérea y marítima".