Decretan el estado de emergencia social en Colombia tras la estafa a miles de ahorradores

• El Gobierno pretende hacer frente a la crisis desatada por las "pirámides" financieras
• Ha dictado medidas que buscan proteger a quienes depositaron dinero en ellas
• Ha comenzado a confiscar dinero y bienes de empresas dedicadas a esas "pirámides"

El Gobierno de Colombia ha decretado el estado de "emergencia social" para hacer frente a la crisis desatada por las estafas de las llamadas "pirámides" financieras y ha dictado medidas que buscan proteger a quienes depositaron dinero en ellas.

El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha anunciado que dicho estado, que permite al Ejecutivo decidir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, rige desde la medianoche, y de inmediato ha comenzado la confiscación de dinero y bienes de empresas dedicadas a esas "pirámides" para "evitar la defraudación.

"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación"ha expresado el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener "mucha calma".

Ha asegurado asimismo que los defraudados tendrán diez días para solicitar la devolución de sus fondos hasta donde sea posible.

 "Que nos quede como lección: no podemos patrocinar nada ilegal. Siempre eso termina mal, como terminó en muchas partes del mundo donde se dieron estas 'pirámides'", ha puntualizado el ministro.

'Desaparecidos'

El fenómeno de las "pirámides", que causó estragos en varios países, entró en crisis en Colombia la semana pasada, cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300%, dejando estafados a los clientes.

Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos y quebraron al no poder cumplir su oferta.

La semana pasada se registraron disturbios en varias ciudades, en las que decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó. Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado.

  

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, había anticipado el viernes y sábado que se emitirían medidas especiales para detener esas firmas captadoras de fondos y pidió abandonar la "cultura mafiosa del enriquecimiento fácil".

   

Allanadas las sedes de DMG

En desarrollo de los decretos dictados, de inmediato fueron allanadas las sedes de la empresa DMG, que no era una "pirámide", pero sí había logrado captar inversiones de miles de clientes en todo el país por medio del otorgamiento de tarjetas "prepago" para comprar electrodomésticos y otros productos.

La Policía llegó de madrugada a las oficinas de DMG en 59 localidades de veinte departamentos colombianos para ocupar los bienes de esa firma, que lleva las iniciales del nombre de su creador, el empresario David Murcia Guzmán, quien también abrió operaciones en Panamá, donde se encuentra. 

  El superintendente de Sociedades subrayó que la firma intervenida entregaba "bienes e intereses en cuantía inexplicable y desproporcionada".