Las asociaciones judiciales afirmam que no hacían falta tantos autos para acabar inhibiéndose

Las principales asociaciones de jueces han coincidido en destacar que el juez Baltasar Garzón no necesitaba cuatro autos y una providencia para declarar extinta por fallecimiento la responsabilidad del general Francisco Franco y los altos cargos de su régimen e inhibirse en la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo en favor de los juzgados territoriales.

"Para declarar que no existe responsabilidad penal porque los autores de los supuestos hechos a investigar están fallecidos no hacían falta 152 folios", ha dicho el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. Además, ha criticado que el juez de la Audiencia Nacional tenga "la pretensión de sentar doctrina" a sus compañeros de los juzgados territoriales cuando "no es su superior jerárquico".

Además, García dice que cada uno de estos juzgados "podría considerarse incompetente para la instrucción de esa causa", al considerar que no es susceptible de investigación judicial.

El portavoz de la progresista, Jueces para la Democracia, Miguel Angel Jimeno, ha dicho que, "si la conclusión es que los presuntos responsables de esos hechos están fallecidos, quizá no debería haberse seguido ese camino". "Para esto, tampoco hacían falta todas estas alforjas", ha apuntado.

Por su parte, Lorenzo del Río, de la independiente Francisco de Vitoria, ha dicho que la decisión de Garzón "se veía venir" porque "no se puede imputar a  personas que no están vivas como posibles autores de un delito". "La  vía penal daba muchísimos problemas y se han cumplido las previsiones", ha indicado.

Los portavoces de la APM y JpD también coincidieron en que la decisión adoptada por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales.

PSOE: "A Garzón no le ha quedado más remedio"

Por su parte, el diputado del PSOE Juan Antonio Barrio ha opinado que Garzón se ha inhibido porque probablemente "no ha tenido más remedio". Además, ha aprovechado para pedir al Gobierno que sea "más proactivo" en la exhumación de fosas comunes de la contienda.

Barrio, ponente de la Ley de Memoria Histórica, ha confiado en que la renuncia de Garzón sirva para que las exhumaciones "no queden paralizadas definitivamente". 

Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón y su decisión "entra dentro de la toma de posición" del Ministerio Fiscal, en contra de que el juez de la Audiencia Nacional procediera a la investigación.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha dicho que la decisión obedece "a las dificultades y los obstáculos" con los que se ha topado Garzón, sobre todo desde la Fiscalía. 

Llamazares ha lamentado esa decisión porque prefería que la investigación estuviera en manos del juez Garzón, "que se lo creía y ha exigido al Gobierno y la Fiscalía General del Estado "coherencia" con la ley conocida como de memoria histórica.

Las asociaciones, sorprendidas

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha manifestado su "sorpresa" por la decisión del juez, porque aunque veían posible que la Sala Penal cerrara la causa, no esperaban que el propio Gazón tomara la decisión. Ha explicado que están estudiando la posibilidad de recurrir el auto, a la vez que no descarta que la decisión haya venido motivada por "presiones políticas".

También ha habido reacciones desde otras asociaciones de afectados. Así, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha mostrado su sorpresa y su dolor por la decisión y ha condenado la actitud "obstruccionista" del fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y del Gobierno, que, a su juicio, "no han allanado el camino para que se haga justicia, sino que, al contrario, no han parado de poner obstáculos". 

Lla presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha expresado su sorpresa por la decisión de Garzón después de haber "levantado muchas expectativas" y ha instado al Gobierno a dar a conocer el contenido del conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica.