El alcalde de Librilla, el edil de Urbanismo y su asesor municipal, detenidos por corrupción

• La Guardia Civil suma estas detenciones a otras cinco realizadas el martes
• Los arrestos se han llevado a cabo en una operación de trama urbanística
• Los agentes han registrado los domicilios de los arrestados en la localidad murciana

El alcalde de Librilla sale de su domicilio escoltado por agentes de la Guardia Civil, tras un registro de más de tres horas.

El alcalde de Librilla (Murcia), José Martínez, del PP; el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y un asesor jurídico del ayuntamiento y profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Cesáreo Gil de Pareja Otón, han sido detenidos este jueves por la Guardia Civil en el marco de una operación contra una presunta trama de corrupción urbanística en esa población.

Estos tres arrestos se suman a los practicados el pasado martes a cinco personas, entre ellas el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano, que hasta junio pasado ocupaba la jefatura del Servicio de Relaciones con los Municipios de la Consejería de Presidencia; uno de los dueños de la empresa que redactó el Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, y el gerente de la sociedad municipal de gestión del suelo de esa población.

A raíz de las diligencias practicadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y de la declaración de los cinco primeros arrestados -que mañana viernes deberán pasar a disposición judicial- hoy fueron detenidos el alcalde, el primer teniente de alcalde de Librilla y un abogado contratado por el consistorio para asesorarles en temas urbanísticos.

La Guardia Civil, por orden del juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, ha registrado los domicilios de los tres detenidos. Del registro en la casa del alcalde, que se efectuó durante algo más de tres horas en su presencia, los agentes sacaron dos cajas con diverso material que se incorporará a las diligencias del caso.

El PSOE denunció las operaciones de José Luis Cano

Esta operación policial tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía ante el juzgado de primera instancia e instrucción número Seis. Con anterioridad, el PSOE denunció ante los medios de comunicación que José Luis Cano había utilizado como tapadera a la empresa Acadi, de la que es propietario con otro detenido, para adjudicarse y gestionar el PGOM y una treintena de planes parciales en Librilla.

Cano pidió la excedencia de su puesto en junio de 2007, dos meses después de que la Consejería de Presidencia abriera un "procedimiento de información reservada" que concluyó sin que se detectaran irregularidades administrativas.

El PP pide "respeto" e IU exige dimisiones

Por su parte, el PP de Murcia ha manifestado su "más profundo respeto" por la investigación judicial y ha reclamado a la Justicia que actúe "con rapidez, eficacia y diligencia para aclarar y esclarecer los hechos de la investigación y conocer cuanto antes el alcance de los mismos".

Mientras, el coordinador general de IU en la región de Murcia, José Antonio Pujante, ha exigido la dimisión de José Martínez García y de su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, e instó al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a atajar con contundencia la corrupción en esta comunidad.

El líder de IU lamentó que el caso de Librilla sea "uno más de los casos registrados en la región de Murcia en los últimos años", y consideró que, con independencia de la decisión judicial que se adopte en torno a esta trama, "la ética fundamental que debe respetar todo cargo público no permite mezclar los intereses públicos y los privados".