Funcionarias de prisiones denuncian que el uso de tóxicos está detrás de los abortos que han sufrido

• Siete trabajadoras de la cárcel de Quatre Camins han llevado el caso ante los tribunales
• El juzgado número 2 de Granollers ha admitido a trámite la querella contra cargos de Justicia
• En 2002 acudieron a la Inspección de Trabajo por los numerosos abortos que había
• También han nacido numerosos niños con lesiones, según sostienen las demandantes
• Los abogados aseguran que las trabajadoras estaban sometidas a "riesgos muy graves"
• Según el Informe de la Inspección de Trabajo se realizaban fumigaciones sin previo aviso
• La Consellería de Justicia guarda silencio "porque el asunto está en manos judiciales"

La Justicia investiga si la fumigación en la prisión provocó abortos y lesiones. Siete funcionarias de prisiones de la cárcel de Quatre Camins, en Barcelona, han denunciado a varios cargos de la Consellería de Justicia por el uso de tóxicos en la prisión. 

Los pesticidas y productos de limpiezas utilizados en su centro de trabajo, según sostienen, estarían detrás de los abortos que sufrieron y del nacimiento con lesiones de sus hijos.

El juzgado de Instrucción número 2 de Granollers ha admitido a trámite la querella criminal contra varios cargos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña por presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, lesiones y aborto. El proceso penal está en estos momentos en instrucción aunque en una fase "muy prematura".

Según informa el despacho que lleva el caso, abogados Instructa, a principios del año 2002 las funcionarias pusieron en conocimiento de la Inspección de Trabajo la existencia "de numerosos casos de nacimientos de hijos con graves malformaciones y un elevado caso de abortos" entre las trabajadoras.

El informe de la inspección de Trabajo recogió, según los letrados, que periódicamente se realizaban "fumigaciones indiscriminadas sin tomar precauciones y sin aviso previo, con productos tóxicos en lugares con ventilación deficiente y donde se añadían los efectos producidos por los arcos de detección de metales".

No existía ni siquiera una evaluación de riesgos laborales, que no se habían realizado actuaciones de investigación por parte del departamento y que no se hacía un seguimiento de la vigilancia de la salud de los funcionarios, según la Inspección.

Según el testimonio de una de las mujeres afectadas, que recoge El Periódico de Cataluña, fumigaban y a los diez minutos les decían que podían entrar, "que no pasaba nada". Esta funcionaria se queja de que "no les informaban" sobre los riesgos.

Es lo mismo que denuncia el abogado que lleva el caso, Ramón Estebe. En declaraciones a RNE, explica "que el problema es que no se informaba". El trabajador "circulaba por estas zonas en las que se acababa de echar pesticidas o se exponía más tiempo a las máquinas de rayos X, sin pensar en que pudiera tener  un efecto negativo para su salud", comenta.

Podría haber más casos

Las fumigaciones se habrían producido entre 1992 y 2003. Aunque de momento sólo hay siete denuncias, los abogados aseguran que podría haber más casos y que actualmente cualquier funcionaria adscrita al centro penitenciario que se queda embarazada demanda la baja laboral durante todo el embarazo en vista a los antecedentes. Según El Periódico, el informe recoge que se conocen diez casos de "alteración de salud reproductiva".

Desde la Consellería de Justicia lo único que comentan es que el "tema está en manos judiciales" y que por lo tanto no van a opinar sobre este asunto.

Primeras declaraciones ante el juez

Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se está recopilando información sobre el caso. Ya se ha tomado declaración a la subdirectora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2007.

En los meses de enero y febrero se tomará declaración a las denunciantes. Un informe pericial de las querellantes establece una relación de causalidad entra la situación medioambiental del lugar del trabajo y el "resultado lesivo" de las funcionarias.