Los bancos informarán a Hacienda de las operaciones superiores a 3.000 euros

• El objetivo es analizar las operaciones consideradas de "riesgo de fraude fiscal"
• El acuerdo podría entrar en vigor en 2010 y los bancos informarían una vez al año
• La Agencia Tribuntaria centrará sus esfuerzos en luchar contra la economía sumergida
• Anuncian que próximamente articularán un sistema para agilizar las devoluciones de IRPF

Hacienda estudia con bancos y cajas de ahorros un acuerdo para poder recibir información periódica sobre operaciones en efectivo que sean superiores a 3.000 euros y que podrían ser consideradas de "riesgo de fraude fiscal".

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras presentar las nuevas medidas de la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 de la Agencia Tributaria (AEAT) y que centrará sus esfuerzos, entre otros objetivos, en la lucha contra la economía sumergida procedente del comercio exterior.

Ocaña ha explicado que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, cuando las entidades financieras empezarían a remitir, posiblemente una vez al año, una "declaración informativa" sobre operaciones de riesgo "importantes".

Este anuncio se produjo después de que el secretario de Estado de Hacienda reconociera que hace un mes se produjo un "sorprendente" aumento en la circulación de billetes de 500 euros, "algo extraordinario" y que, según dijo, se debió a la "inestabilidad financiera" que provocó "nerviosismo" y llevó a los ciudadanos a cancelar depósitos y cuentas bancarias para tener liquidez.

Control de billetes de 500 euros

Actualmente, la Agencia Tributaria lleva a cabo un programa de control de circulación de billetes de 500 euros, de "alta denominación", pero ante la posibilidad de que los defraudadores dejen de utilizarlos y los cambien por otros de valor más bajo, como de 200 euros, quieren acordar con bancos y cajas un nuevo control que vigile la "disposición, retirada o ingreso de operaciones superiores a 3.000 euros". No obstante, Ocaña ha precisado que Hacienda "no quiere que esta medida tenga costo" para las entidades financieras.

Asimismo, entre las 140 medidas del nuevo Plan de Prevención de Fraude Fiscal destacan el mayor control en las aduanas para evitar el fraude en las transacciones de comercio exterior y la creación de un nuevo Foro entre grandes empresas y la Agencia Tributaria para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los "grandes contribuyentes".

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, ha precisado que se trata de reducir los riesgos fiscales para las empresas y los litigios, ya que la deuda suspendida de las grandes empresas por recursos ante los tribunales alcanza actualmente los 6.000 millones de euros. Además se vigilarán sectores de riesgo como el inmobiliario y las tramas de IVA nacionales e internacionales y se impulsará la atención a la prevención y corrección del fraude en la fase recaudatoria.

Agilizarán las devoluciones del IRPF

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda dijo que próximamente se articulará un sistema de comunicación "telefónico" para corregir incidentes de menor entidad que agilizarán las devoluciones del IRPF a los contribuyentes y que supondrán una reducción en los gastos administrativos que tiene Hacienda.

Como ejemplo, apuntó que la productividad en la recaudación por fraude se ha "doblado en los últimos cuatro años" y que en la actualidad por cada euro dedicado a esta prevención la Agencia Tributaria ingresa doce, mientras que en 2004 el ratio era de 6 euros por cada uno invertido. Precisamente, calculó que los ingresos previstos por este tipo de actuaciones en 2008 alcanzarán los 8.000 millones de euros, el doble que en 2004 y 566 millones más que el año pasado, y recordó que desde que entró en vigor el Plan de Prevención en 2005 se han recaudado 27.400 millones de euros.

En el ámbito de la colaboración internacional y nacional, Hacienda firmará varios convenios de intercambio de información con los países donde más presencia tienen las empresas españolas y creará un Observatorio del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo para realizar actuaciones conjuntas. Además, pondrá en marcha en menos de un año un Censo Único Compartido, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos.