El juez acusado de retrasar la adopción por parte de una lesbiana dice que sólo veló por la niña

• Ferrín Calamita está acusado de prevaricación por inadversión a la orientación sexual
• El juicio ha arrancado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
• Ha negado que se fijara en la condición sexual, pero que había que ver que era lo mejor
• El Fiscal pide una pena de multa de prisión de nueve meses y 18 años de inhabilitación
• Según el Ministerio Público, retrasó más de dos años "un trámite sencillo y rutinario"
• El juez está suspendido de empleo y sueldo por el CGPJ desde el pasado mes de febrero

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha sentado hoy en el banquillo a un juez

El ex magistrado de Familia Fernando Ferrín Calamita, al que el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) juzga por el presunto retardo malicioso de la adopción de un niña solicitada por una mujer lesbiana, ha explicado en la primera sesión del juicio que "siempre veló por el interés de la menor".

Ferrín Calamita, para quien el fiscal solicita 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación, ha añadido que nunca se movió por criterios ideológicos, ya que sabe "distinguir su función como juez de su papel como otra persona normal de la calle". El magistrado está suspendido de empleo y sueldo por el CGPJ desde febrero.

El magistrado ha alegado en su defensa que tanto la anterior letrada de V.H., la mujer que solicitó la adopción de la niña, hija biológica de su compañera sentimental, como el fiscal adscrito al Juzgado "nunca recurrieron sus resoluciones, y el secretario tampoco le hizo la menor observación, por lo que no estará tan clara la prevaricación".

A la pregunta del fiscal sobre el motivo por el que había solicitado un segundo informe sobre la adopción cuando ya disponía de uno emitido por el servicio correspondiente de la Consejería de Política Social, ha declarado que lo hizo "porque ni aquel informe, ni tampoco el que realizó el Gabinete Psico-social, iban al núcleo del asunto".

El magistrado añadió que "lo que yo quería era un informe documentado en el que se hablara de la repercusión de la adopción en la menor, y a esta petición no se ha contestado".

Ha comentado también que él, "como juez de Familia, tenía que velar por la niña, porque tanto la madre adoptante como la madre biológica son mayores de edad y libres de hacer lo que quieran, pero mi obligación era la menor".

Ha manifestado, además, que "nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo", comentario que provocó el aplauso de algunas personas que seguían la vista y que fue cortado de forma rápida por el presidente del Tribunal, Julián Pérez-Templado, quien anunció que desalojaría la Sala si se repetían manifestaciones de este tipo.

Dice que le propusieron pagar 10.000 euros

Ferrín Calamita ha declarado en otro momento que el fiscal y la acusación particular "llegaron a un acuerdo", que le transmitió el procurador de los tribunales, y que consistía en que "la querella sería retirada si accedía a irse de Murcia y entregaba 10.000 euros al letrado de la querellante".

Esta afirmación ha sido desmentida por el abogado que presentó la querella en nombre de V.H., José Luis Mazón, quien ha señalado que "toda propuesta que conllevara el mantenimiento del señor Ferrín Calamita en la jurisdicción jamás se me habría ocurrido, por ser contraria a la seguridad jurídica".

Defensa del juez

Esta primera sesión de la vista oral comenzó con varias cuestiones previas planteadas por la defensa del juez, Javier María Pérez-Roldán, quien alegó que en la tramitación de este caso se han vulnerado los derechos fundamentales de Ferrín, "lo que arrastra, inevitablemente, a la nulidad de actuaciones".

En su opinión, esta violación de derechos se habría producido, entre otros motivos, por la supuesta imprecisión en los hechos de los que se acusa al juez en el auto de apertura del juicio. El presidente del tribunal ha desestimado las cuestiones previas.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha reclamado en Murcia dejar a los tribunales que juzguen "porque ésa es su función" en relación al caso de Ferrín Calamita.

18 años de inhabilitación

El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación sobre las conclusiones provisionales, considera que el acusado es autor de un delito continuado de prevaricación, con la agravante de actuar movido por anianimadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica (artículo 22.4 del Código Penal).

La Fiscalía pide una pena de multa de nueve meses de prisión con con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales durante 18 años. Igualmente, considera que el acusado y subsidiariamente el Estado deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado cometió el citado delito con la agravante de "actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica".

Los hechos, según la Fiscalía

La pareja de la madre de la niña inició en mayo de 2006 el procedimiento para pedir la adopción de la hija de su pareja. El expediente recayó en el juzgado que dirigía Ferrín Calamita que decidió solicitar "de forma sorprendente", dice el Ministerio Público, un informe al Gabinete Psicosocial sobre la repercusión que tendría en la menor ser adoptada por una pareja homosexual.

El Gabinete emite un informe favorable a la adopción el 11 de agosto de 2006, escrito que, según la Fiscalía, "contrarió las expectativas del magistrado para quien el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar constituye una aberración que debiera ser apreciable por todos".

No obstante, "amparándose en un supuesto interés del menor bajo el que subyace un evidente rechazo hacía la homosexualidad" y transcurridos seis meses desde el informe positivo del Gabinete, el juez nombra mediante un auto un 'defensor judicial' ya que la madre en su opinión "ha demostrado tener intereses contrapuestos a los del menor".

Según su escrito de acusación, Ferrín Calamita perseguía el "fin ilegítimo" de "trasladar a la niña a otra familia compuesta de progenitores (adoptivos) de distinto sexo" e "impedir a la solicitante la realización de su derecho de adopción". Para ello, retrasó en más de dos años un "trámite sencillo y rutinario" que suele resolverse en dos meses.

A juicio de esta parte, la "ofuscación, actitud integrista o visceralismo" del magistrado le llevó a "anteponer sus creencias a sus deberes profesionales", por lo que, "llevado en este caso por su rechazo y ojeriza a los derechos de los homosexuales, convirtió un simple expediente de adopción en un campo de defensa de sus principios".