El juez Pedraz procesa a "Txeroki" por ordenar el atentado de la T-4 durante la tregua

• "Txeroki" fue detenido hace siete días en Francia
• El juez acuerda procesarle como autor de dos delitos de asesinato terrorista
• También le acusa de estragos terroristas y detención ilegal
• Según el juez "Txeroki" ordenó colocar una furgoneta-bomba al "comando Elurra"
• En el atentado de Barajas fallecieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio
• Otras 68 personas resultaron heridas y 23 vehículos sufrieron daños
• "Txeroki" tiene 22 causas pendientes en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional procesa a Garikoitz Azpiazu, Txeroki

El juez Santiago Pedraz acusa al dirigente etarra Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", detenido el pasado lunes en Francia, de haber ordenado al "comando Elurra" en el verano de 2006, en plena tregua de la banda terrorista, el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas, perpetrado el 30 de diciembre de ese año.

Así lo asegura el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que acuerda procesar a "Txeroki" como autor de dos delitos de asesinato terrorista, por el asesinato de los dos jóvenes ecuatorianos que fallecieron en el atentado. También le acusa de estragos terroristas y detención ilegal por retener al dueño de la furgoneta con la que los etarras perpetraron esta acción.

Según relata Pedraz en el auto, en el que pide la detención y entrega de "Txeroki" por estos hechos, en el verano de 2006 la dirección de ETA ordenó colocar una furgoneta-bomba al "comando Elurra", integrado por Joseba Aranibar, "Basurde", Mattin Sarasola, Igor Portu, Mikel San Sebastián y Joseba Iturbide, todos ellos en prisión provisional.

Cómo planearon el atentado de Barajas

"Txeroki", que cuenta con 22 causas pendientes en la Audiencia Nacional, se reunió con Aranibar y otros miembros del Elurra en el monte Auza, en el valle de Baztán (Navarra), y acordaron que San Sebastián, Sarasola y Portu ejecutaran el atentado.

Para prepararlo, los tres hicieron en dos ocasiones un itinerario en vehículo desde Navarra hasta el aeropuerto madrileño, alquilando un coche al efecto en Irún (Guipúzcoa), entre el 21 y el 22 de octubre de 2006. Tras estos ensayos, los integrantes del "Elurra" volvieron a tener una reunión con Aspiazu "en la que especificaron las directrices concretas para llevar a cabo la acción planeada".

La furgoneta con la que se cometió el atentado fue sustraída el 27 de diciembre, tres días antes de que lo perpetraran, en una zona de estacionamiento de caravanas en la localidad francesa de Luz Ardiden. Los etarras se hicieron con el vehículo tras retener a su propietario, al que, después de maniatarle y colocarle una capucha en la cabeza, le condujeron en un vehículo "a un punto situado a una hora de distancia".

Mientras Aranibar se hacía cargo de la furgoneta para colocarle el explosivo, sus compañeros llevaron hasta una cabaña en el monte al dueño de este vehículo, al que permitieron enviar mensajes de móvil a su madre para que le transmitiera que se encontraba bien, y el 30 de diciembre, una vez cometida la acción terrorista, le liberaron cerca de un monte.

El 29 de diciembre Aranibar entregó la furgoneta a Sarasola y San Sebastián, quienes habían quedado con Portu a unos 50 kilómetros del aeropuerto para colocar el vehículo cargado de explosivos. Tras dejar la furgoneta, Portu avisó a la DYA de su colocación, sobre las 07.55 del 30 de diciembre, y minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, hasta que a las 09.00 horas se produjo la explosión, en la que fallecieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, otras 68 personas resultaron heridas y 23 vehículos sufrieron daños.

La explosión también provocó el hundimiento de cuatro pisos del módulo D del aparcamiento, así como del muro lateral del módulo C y E, daños que han sido valorados en 26.777.520 euros.

Acusados los miembros de "Elurra"

El juez, además de a "Txeroki", ha procesado por estos hechos a todos los integrantes del "comando Elurra", salvo a Iturbide, ya que, según Pedraz, "no consta que el mismo interviniera en la planificación y ejecución del atentado".

A todos los procesados el juez les reclama una fianza de 35 millones de euros para responder a las posibles indemnizaciones a las que pueden tener que hacer frente y cita a todos ellos para el próximo 4 de diciembre para comunicarles el procesamiento.