El Senado ratifica la ley que autoriza la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans

El Senado de Argentina ha ratificado y convertido en ley un proyecto que habilita al Estado a expropiar Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, después de de que fracasaran las negociaciones para la compraventa de las empresas. Tras la aprobación de la ley, Marsans ha anunciado que ha presentado una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La iniciativa fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 21 en contra tras un debate de casi cinco horas en el que el oficialismo hizo pesar su mayoría y al cabo del cual los siete sindicatos que agrupan a los 9.600 empleados de la línea aérea de bandera festejaron el fin de siete años de gestión de Marsans.

El proyecto, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados hace dos semanas, declara como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

En tiempo récord

La iniciativa, impulsada por diputados del gobernante Frente para la Victoria (FPV), ha sido elaborada en un tiempo casi récord, en solo un mes.

El proyecto plantea la declaración de Aerolíneas y Austral como "bienes de utilidad pública" sujetos a expropiación, pero desde la oposición critican el hecho de que el Estado, además de hacerse cargo de los activos de las compañías, asuma también la abultada deuda de Aerolíneas.

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó el mes pasado debatir una ley de expropiación de la compañía aérea después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico".

Desacuerdo de Marsans

Tras la aprobación de la ley, Marsans ha dicho que considera la expropiación como una "confiscación" "arbitraria e ilegítima", porque contradice un acuerdo entre el grupo y el Gobierno argentino firmado en julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.

Marsans ha presentado una demanda de arbitraje ante el CIADI para buscar una "compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años".

Un largo historial de desencuentros

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.

A finales de noviembre, Marsans envió una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, comunicándole que si en el plazo de una semana no procuraba una "solución amistosa" en torno a la controversia por Aerolíneas, el grupo demandaría al Estado argentino ante el CIADI, tribunal dependiente del Banco Mundial.

Posteriormente, un juzgado resolvió intervenir la compañía aérea a solicitud del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.