La justicia argentina da marcha atrás y mantiene en prisión a los represores de la dictadura

• El ex marino Astiz y otros 16 militares de la dictadura seguirán en la cárcel
• Un día antes la misma corte ordenó su liberación
• El gobierno argentino pidió la suspensión del fallo y actuará contra los magistrados

Fotografía de archivo del represor de Astiz.

El tribunal argentino que decidió dejar en libertad al ex marino Alfredo Astiz y a otros 16 represores de la última dictadura militar ha suspendido menos de 24 horas después esa medida tras la reacción indignada de organismos humanitarios y del Gobierno.

La Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal, ha dado marcha atrás a raíz de que el fiscal Raúl Plee pidiera la suspensión del fallo y anunciara que tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de los acusados, informaron fuentes judiciales.

La resolución se ha conocido pocas horas después de que el Gobierno argentino decidiera apelar ante la Corte Suprema de Justicia la orden de excarcelación e impulsar un juicio político de los magistrados que habían emitido la resolución.

Excarcelación

El jueves, la Cámara de Casación Penal ordenó dejar en libertad a los represores que actuaron en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel clandestina de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.

En la lista, además de Astiz, figuran Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González y Néstor Savio, entre otros. Todos han sido requeridos por la justicia de España.

La excarcelación fue ordenada al vencer los plazos legales para mantener con prisión preventiva a una persona sin sentencia firme, aunque fuentes judiciales aclararon el mismo jueves que la decisión "no se hará efectiva de manera inmediata".

Reacción del gobierno argentino

Al enterarse del fallo del jueves, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, lo consideró una "vergüenza", y sostuvo que es "difícil de entender" y "producto de cierta perversidad" del sistema judicial.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ha afirmado que el Gobierno, querellante en la causa en la que la Cámara de Casación Penal dictó la resolución, iba a presentar "un recurso extraordinario" ante el máximo tribunal del país para "evitar un escándalo jurídico".

Si bien ha manifestado que el Ejecutivo "respeta las resoluciones" de la justicia, añadió que "continúan enquistados en el Poder Judicial hombres que fueron designados durante la dictadura por participar de la misma filosofía represora ilegal que caracterizó al régimen" militar.

En ese sentido, ha señalado que la Secretaría de Derechos Humanos impulsará el juicio político contra los magistrados Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Indignación en las asociaciones

La resolución judicial también había causado indignación en los organismos de derechos humanos, que antes de la suspensión del fallo protestaron frente a la sede de los tribunales federales, en Buenos Aires.

Martha Vázquez, dirigente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, se lamentó del "duro golpe" que recibieron los organismos humanitarios.

"Tengo que reconocer que hay jueces que nos han escuchado, pero también hay otros que han estado obstaculizando el accionar de la Justicia. Me

pregunto por qué esos magistrados siguen estando en el Poder Judicial", ha denunciado Vázquez.

Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la llamada "guerra sucia", aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000 y se calcula que unos 5.000 detenidos pasaron por la cárcel clandestina montada en la ESMA.