El Poder Judicial decide mantener la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado

• El Consejo decide mantener la sanción y considera que cometió una falta grave
• El retraso de una sentencia dejó libre a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz
• La fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la medida
• El padre de Mari Luz critica la medida, que califica de "vergüenza nacional"

El CGPJ mantiene la sanción al juez Tirado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy mantener su primera decisión e imponer finalmente una multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, el responsable del juzgado que no ejecutó una condena contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.

Tras la reunión del Pleno, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dio a conocer la decisión sobre el juez Tirado e hizo especial hincapié en que la misma se adoptó por una amplia mayoría de los vocales del Consejo. En concreto, 14 votaron a favor de esta decisión y ocho en contra.

Con esta decisión, el Pleno considera que Tirado incurrió tan sólo en una falta grave -y no muy grave- de retraso injustificado por una desatención leve en la ejecución de los asuntos de sus juzgados.

La fiscalía recurrirá la decisión

La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión por el Consejo General del Poder Judicial. Así lo han asegurado fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía sostendrá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que la conducta de Tirado debe ser considerada como falta "muy grave" y no sólo "grave", al estimar que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.

En el recurso que presentó ante el CGPJ, el fiscal afirmaba que Tirado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba", dice el recurso del fiscal.

Agregaba que "mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la Secretaria del Juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores (...) es desenfocar la realidad de a quién debe imputarse la responsabilidad de los hechos".

Así, y tras examinar los hechos, el fiscal concluía que Tirado "no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicha situación".

El padre de Mari Luz critica la medida

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, ha calificado de "vergüenza nacional" la decisión del CGPJ. En declaraciones a los periodistas, Cortés ha apuntado que la decisión adoptada es "injusta" y que "no se ciñe a la ley que actualmente tenemos".

Asimismo, ha asegurado que esta confirmación es "la tercera gran decepción" de su vida, después de la muerte de su hija y de que la Justicia no actuara de manera adecuada en contra del juez Tirado.

El padre de Mari Luz ha criticado a los jueces más conservadores del Consejo porque, en su opinión, ellos "han sido los más benevolentes con Tirado" y ha querido dejar claro que la Justicia "no puede ser algo negociable".

Por último, ha indicado que este tipo de hechos "echan paños a la Justicia, la indulgencia a este juez es volver a la Edad Media donde las personas podían salvarse simplemente por su nombre".

El Supremo recurrió la sanción

El pasado 24 de septiembre, el teniente fiscal del Tribunal  Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentó ante el Pleno del CGPJ,  un recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria  de este órgano de multar con 1.500 euros a Rafael Tirado. 

Solicitó la sanción de suspensión por tres años por la comisión de  una falta "muy grave" del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder  Judicial (LOPJ). 

Esta calificación de "muy grave", también contempla  la posibilidad de un traslado forzoso o incluso apartar  definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que  apoya la familia de la niña Mari Luz. 

El Fiscal argumentaba que el juez sancionado "debería haber  establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de  las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera  permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la  ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba". 

Por estos mismos hechos, la secretaria judicial del juzgado de  Tirado, Juana Gálvez, fue suspendida, en este caso por el Ministerio  de Justicia, a dos años de suspensión de empleo y sueldo, lo que  provocó las protestas de los secretarios judiciales que culpan del  'caso Mari Luz' a la falta de inversión en la Administración de  Justicia.