El nuevo modelo de financiación autonómica compensará a las comunidades con menor riqueza

• El documento se ha enviado a las comunidades autónomas para su análisis
• El nuevo sistema permitirá a las comunidades controlar hasta el 50% de IRPF e IVA
• Mayor equidad, suficiencia, autonomía y corresponsabilidad fiscal, ejes del nuevo modelo
• El PP ya ha mostrado su rechazo a este plan al considerar que se traducirá en más déficit
• El PSOE, la propuesta garantiza los servicios públicos y la solidaridad entre territorios
• El modelo vigente de financiación autonómica entró en vigor el 1 de enero de 2002

Solbes presenta las líneas generales de la reforma de la financiación

El Gobierno va a proponer a las comunidades autónomas reducir las transferencias del Estado del 30% al 10%, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederían de los impuestos cedidos, frente al 70% actual. 

Así figura en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentado hoy por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. 

Con esta pretensión de aumentar la autonomía financiera de las regiones, el Gobierno prevé un incremento en la cesión de impuestos. Así, la cesión de IRPF e IVA alcanzaría el 50%, mientras que en el caso de los impuestos especiales se situaría en el 58%. 

Según Solbes, estos cambios, sumados a una mayor capacidad normativa por parte de las CC.AA., permitirían un "ajuste espontáneo" del sistema de financiación a las necesidades de cada comunidad.

El documento que recoge la reforma del sistema de financiación autonómica, ha dicho Solbes, se ha enviado a las comunidades autónomas para su análisis, tras un "intenso" proceso negociador en el que se han celebrado más de 70 reuniones con las comunidades autónomas y sus responsables políticos.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, avanzó hoy que el nuevo sistema de financiación autonómica permitirá a las comunidades controlar hasta el 50% de IRPF e IVA y el 58% de los Impuestos Especiales.

Cuatro ejes básicos 

El nuevo modelo de financiación responde a cuatro ejes básicos: el Incremento de la equidad y suficiencia para mantener las competencias transferidas; refuerzo de las prestaciones del estado del bienestar; mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal y recursos para dinamizar y estabilizar el sistema de financiación autonómica.

El Gobierno plantea a las comunidades autónomas la creación de tres fondos dentro del nuevo sistema: uno sobre garantía de servicios públicos fundamentales, otro sobre suficiencia global y un tercero denominado de 'convergencia'. Este último, según ha señalado pedro Solbes, estaría formado a su vez por un fondo de competitividad y otro de cooperación. Cumple con todos los Estatutos

El nuevo sistema de financiación autonómica contará con fondos de convergencia para compensar a las comunidades con menor riqueza relativa, tendrá nuevos criterios de ajuste de la población y cumplirá con las previsiones de todos los estatutos de autonomía.

El modelo, según ha explicado Solbes, garantiza igual financiación por habitante para los servicios públicos fundamentales, tiene en cuenta la población como criterio fundamental de reparto de recursos y aumenta la autonomía y corresponsabilidad fiscal de las autonomías. 

El PP ya ha mostrado su rechazo a este plan, aunque las comunidades en las que gobiernan lo acepten, al considerar que se traducirá en más déficit, más impuestos y más desigualdades en un momento de crisis.

El PSOE por su parte, se muestra satisfecho con un modelo que garantizará los servicios públicos y la solidaridad entre territorios. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció tras la reunión del Consejo de Ministros para hacer balance político del año, que el objetivo es que el documento tenga un "grado de consenso mínimo" para convocar, posteriormente, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El modelo vigente de financiación autonómica se aprobó en julio de 2001 y entró en vigor el 1 de enero de 2002.