El narco asesinado carecía de vigilancia pese a estar bajo arresto domiciliario
- La Audiencia Nacional lo había dejado en libertad bajo fianza por su situación sanitaria
- Al no haber informado de ninguna amenaza, no tenía ningún tipo de vigilancia especial
- Aguirre se pregunta cómo es posible que un delincuente no estuviese vigilado
- El capo mafioso se llama en realidad José Antonio Ortiz Mora y usaba dos identidades falsas
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José Antonio Ortiz Mora, el narco colombiano que estaba ingresado en hospital 12 de octubre con el nombre falso de Leónidas Vargas Vargas, donde fue asesinado este jueves a manos de un sicario, carecía de un dispositivo especial de vigilancia pese a encontrarse en situación de arresto domiciliario.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le había procesado como responsable de una organización que trasladó hasta el puerto de Valencia un contenedor con media tonelada de cocaína oculta en piñas.
Libertad sin vigilancia
Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó el pasado verano dejar en libertad a Ortiz Mora bajo fianza de 200.000 euros dada su precaria situación sanitaria.
El narco fallecido sufría hipertensión pulmonar, los facultativos le auguraban una corta esperanza de vida y precisaba de un aparato dispensador de oxígeno que debía ser calibrado de forma periódica en un centro médico.
Esta situación no prevé la adopción por el juez de ninguna vigilancia especial durante la estancia del reo en el hospital, ya que Vargas nunca mencionó al juez instructor que se encontrara amenazado según las mismas fuentes.
Con todo, Ortiz ha estado dando cuenta a la Sala de lo Penal de sus traslados al hospital y la Policía vigilaba de vez en cuando el cumplimiento por su parte de su arresto domiciliario.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la seguridad en los hospitales madrileños "está absolutamente garantizada", y se ha preguntado cómo es posible que el narcotraficante asesinado ayer en el Doce de Octubre estuviese libre y sin vigilancia.
Aguirre ha dicho que este suceso "no es culpa del Doce de Octubre", ya que en los hospitales madrileños "entra libremente cualquiera", y ha afirmado que lo importante es que el asesinado había sido detenido en 2006 por delitos graves y tenía numerosos antecedentes.
"La explicación que se da (de que no esté en la cárcel) es que está enfermo", ha subrayado Aguirre, que ha recordado que el Gobierno central cerró los hospitales penitenciarios y desde entonces los presos van al médico acompañados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que ella ésta intentando cambiar para que los encarcelados sean atendidos en las cárceles en la mayoría de los casos.
Aguirre se ha preguntado "cómo es posible que (el narcotraficante asesinado) esté libre y que no tuviera ningún tipo de vigilancia", a pesar de su trayectoria.
Identidad falsa
Mientras tanto, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha informado de que la toma de huellas del cadáver por parte de agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica ha confirmado que la verdadera identidad del asesinado es José Antonio Ortiz Mora, nacido en Colombia en 1948 y que Leónidas Vargas era una de sus identidades falsas.
Con antecedentes por falsificación de documentos en julio de 2006, Ortiz Mora fue detenido entonces por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial en un hotel de la capital al portar pasaporte falsificado.
Según las mismas fuentes, la Audiencia Nacional decretó entonces su ingreso en prisión, donde se le imputó el delito antes mencionado.
José Antonio Ortiz Mora utilizaba las identidades falsas de Leónidas Vargas Vargas y de José Antonio Cortés Vaquero, con las que no tenía antecedentes en España.
Tras el asesinato, la juez número 17 de Madrid, María Luz García, ha abierto diligencias previas para investigar la muerte del narcotraficante.
La magistrada, que estaba en funciones de guardia de diligencias, procedió a las 23.00 horas de anoche al levantamiento del cadáver, incoando diligencias previas por fallecimiento de persona.
La instructora tiene ya en su poder el informe médico del centros sanitario, que acredita que la muerte se produjo por arma de fuego.