La Audiencia Nacional investigará a 14 militares de El Salvador por el asesinato de seis jesuitas

• El juez Eloy Velasco se ha declarado competente para investigar los hechos de 1989
• Instruirá la causa por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes
• No investigará al ex presidente Alfredo Cristiani como pedían los querellantes

La Audiencia Nacional investigará el asesinato de cinco jesuitas en El Salvador

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha declarado competente para investigar a 14 miembros del Ejército de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional instruirá la causa por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

En un auto, Velasco ha admitido la querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).

Además de denunciar a estos 14 militares se querellaban contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, que no será investigado por el magistrado ya que no existe "base indiciaria  suficiente" para imputarle y que, además, se le atribuye un delito de  encubrimiento que no tiene la naturaleza de "persecución universal".    

La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró,  religiosa carmelita y hermana de uno de los asesinados, basaba su  reclamación en que cinco de estas víctimas eran españolas y en el  principio de justicia universal que permitió en 1998 el arresto del  dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.

Casi 20 años después de los hechos

Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del  ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en  la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San  Salvador. 

En concreto, perdieron la vida el rector del campus,  Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno,  Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española;  el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves  Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país  sudamericano.

Las asociaciones consideran "responsables" de estos crímenes a los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes y los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.

Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, así como el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.

Cita a declarar al fiscal y el juez del juicio en El Salvador

Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Para comenzar su investigación Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga, al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco, que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano.

Solicita además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país, por lo que, con carácter urgente, solicita una comisión rogatoria a las autoridades salvadoreñas y otra a Estados Unidos para que testifique William McCollum, miembro de la delegación que viajó a El Salvador como parte de la Comisión del Congreso estadounidense, y el mayor del Ejército de EEUU Erick Buckalnd.

Velasco admite como acusación particular a la APDHE -cuyo presidente es el letrado Manuel Ollé (que ejerció la acusación en la causa contra Pinochet)- y solicita al CJA, con sede en San Francisco (Estados Unidos), que aporte estatutos y/o actas de constitución para tenerla por personada en el procedimiento.

El ex presidente no será investigado

Alfredo Critiani, que fue presidente del país centroamericano entre 1989 y 1994, no será investigado por la Audiencia Nacional. Los querellantes le acusaron de encubrir estos crímenes, que precipitaron el final de la guerra  civil en El Salvador, que enfrentó desde 1980 hasta 1992 a las  Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente  Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

En 1993 la Asamblea Legislativa de ese país aprobó una amnistía  general que, según denuncia la APDHE, "ha protegido hasta el día de  hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta  influencia política en el país".