Corbacho impulsa la lucha contra el fraude y la siniestralidad con 3.000 nuevos inspectores

• El ministro se propone acercar las cifras de siniestralidad a la media europea
• Corbacho subraya que el salario mínimo en 625 euros gana poder adquisitivo
• Trabajo estudia endurecer las condiciones de los ERE
• La oposición critica que las medidas para reactivar el empleo ya se conocían

3.000 nuevos inspectores de Trabajo contra el fraude y la siniestralidad

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en su comparecencia en el Congreso esta mañana se ha mostrado dispuesto a reforzar la inspección de Trabajo con 3.000 nuevos inspectores y subinspectores con el fin de velar por las condiciones laborales y luchar contra la siniestralidad.

Corbacho ha señalado que así España se acercará a la media de la Unión Europea y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El ministro pretende "mejorar la eficacia de la inspección con actuaciones mejor planificadas" además de adaptar el marco normativo.

Acerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Corbacho ha ratificado el compromiso del Gobierno de que llegue a los 800 euros en el año 2012, aunque este año experimentará una subida del 4%, tres puntos por encima de la inflación prevista.

Compromiso con el salario mínimo

El titular de Trabajo ha insistido en que la cifra de 800 euros "no está en cuestión, ni depende de la negociación y se alcanzará con independencia de la evolución de la economía". Con respecto al incremento de este año, se encuentra entre el 8% que pedían los sindicatos y el 2% que proponían los empresarios.

Corbacho ha subrayado que la subida del 4% es el mayor incremento en 17 años, con excepción de la producida a mediados de 2004 que se estableció para "paliar la pérdida de poder adquisitivo de las dos legislaturas precedentes".

A juicio del diputado de IU, Gaspar Llamazares, el incremento insuficiente y "raquítico" del SMI a 625 euros mensuales está "íntimamente conectado" con la precariedad laboral y contradice las llamadas del Gobierno al "acuerdo social" para superar la crisis, ya que los sindicatos lo han rechazado claramente.

El titular de la cartera de Trabajo también se ha mostrado dispuesto a reformar los Expedientes de Regulación de Empleo para evitar prejubilar a empleados con 48 años. El ministro ha indicado que habrá que regular las condiciones de los ERE, establecer planes sociales y de recolocación, y obligar a las empresas a devolver las ayudas recibidas cuando se extingan los contratos.

Medidas conocidas

Corbacho ha desgranado un decálogo de medidas para reactivar el empleo: impulsar el diálogo social, aumentar la concertación territorial, mejorar el control de los servicios públicos de empleo, mejorar la agilización de las prestaciones, reformar los ERE, redefinir el Estatuto del Trabajador autónomo, potenciar la formación profesional, luchar contra la siniestralidad, mejorar la inspección e impulsar la responsabilidad social empresarial.

La oposición ha reprochado al ministro que buena parte de estas medidas ya se detallaron en su comparecencia de octubre. La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha apuntado que si hay que redefinir las políticas activas de empleo "que se redefinan" y ha echado en falta un balance de las actuaciones realizadas en este sentido.

Llamazares ha señalado que esperaba una comparecencia "con más enjundia" y que lo que le preocupa de los ERE no es la edad a la que se prejubilan los trabajadores sino que cada vez "hay más ERE impuestos, no negociados con los trabajadores y sin propuesta de reinserción, ni de reactivación comarcal".

Emilio Olavarría del PNV ha indicado que el fondo de 8.000 millones para las entidades locales es una medida que ya tomó el Gobierno vasco hace años y que en cualquier caso "es una medida paliativa, un remedo para el empleo" y no debería considerarse el pilar principal del plan, tal y como lo expone el jefe del Ejecutivo.