La Comunidad de Madrid estudiará si recurre la sentencia contra el Decreto antitabaco

• El Gobierno regional pide respeto para las decisiones tomadas dentro de sus competencias
• La portavoz de Sanidad ha defendido que la norma ha sido rechazada por un defecto trámite
• La OCU pide una nueva ley eststal que elimine ambigüedades y unifique su aplicación

La viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno regional estudiarán en los próximos días si recurren la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula el Decreto aprobado el 2 de noviembre de 2006 de medidas contra el tabaquismo, así como la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco en la región.

"Lo que pido es que cualquier decisión que tome la Comunidad de Madrid se respete porque la ejercitará en el ámbito de sus competencias, como cualquier otra Administración", ha señalado Prado, explicando que actualmente hay recursos de casación del Ministerio de Sanidad ante el Decreto de la Comunidad Valenciana o ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de admitir sólo en parte las reivindicaciones del Ministerio que están siendo respetados.

"Cuando recurre el Ministerio de Sanidad se respeta su decisión. En el supuesto de que una vez analizada la sentencia pudiésemos ejercer el recurso pido el mismo respeto. Es una cuestión de las  competencias de desarrollo de las diferentes Administraciones", ha argumentado, añadiendo que "cada comunidad tiene posibilidad de desarrollo de la normativa dentro de sus estatutos".

Un defecto de trámite

Sobre la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Consumo, la portavoz de Sanidad ha indicado que no lo incluyeron porque se acogieron al desarrollo de las "competencias sanitarias y no de los consumidores".

"Pedimos informe preceptivo al Consejo Económico y Social (CES) y se ha dado trámite de audiencia a diversas asociaciones como la Confederación de Asociaciones de Usuarios de Madrid, las asociaciones de empresarios en el ámbito de la restauración, y también hemos recibido aportaciones y sugerencias de diferentes asociaciones de hostelería como la propia OCU", ha añadido Prado, quien defiende que lo que ahora establece el TSJM "se trata de la omisión de un trámite".

Así, Prado lamenta que "nadie ha entrado en el fondo del Decreto" regional y ha apuntado que la política de la Consejería de Sanidad en la deshabituación del tabaco es de "educación y no de imposición". Así, ha recalcado las últimas cifras de las encuestas domiciliarias sobre el  consumo de drogas referida a 2007 establecía que el consumo de tabaco es menor en Madrid que en España.

La OCU pide una nueva ley

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado al Ministerio de Sanidad y Consumo una nueva ley estatal sobre el tabaco después del rechazo al Decreto regional, ya que a su juicio la normativa estatal es "ambigua" e incorpora excepciones que han posibilitado que varias comunidades autónomas desarrollaran la norma con diferentes criterios.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en contra de la ley estatal, permite la separación de las zonas de fumadores con sistemas no completamente cerrados o que en los centros de trabajo se pueda fumar en determinada zonas. Por esta razón, la OCU ha recurrido las normas madrileña y valenciana, solicitando su ilegalidad.

Para evitar esta dispersión legislativa, la OCU ha planteado al ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, que modifique "seriamente" la ley y establezca "claramente el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un aire libre de humo de tabaco en todos los espacios públicos cerrados".