Polémica por la propuesta de condenar a quien desatienda las carreteras y requisar coches

• La Fiscalía de Seguridad Vial quiere actuar penalmente contra los responsables de las vías
• Hasta ahora, nunca se ha condenado a un funcionario por el mantenimiento defectuoso
• Las empresas concesionarias, que también podrán ser condenas por esta vía, están molestas
• También se pretende decomisar el coche de los conductores ebrios reincidentes o temerarios

Los fiscales de Seguridad Vial han acordado proponer sanciones penales para los funcionarios públicos que "incumplan gravemente" sus deberes en la construcción, mantenimiento y señalización de carreteras, un colectivo que hasta ahora nunca ha sido condenado en España por este delito. También han planteado decomisar los vehículos de los conductores temerarios o borrachos reincidentes.

Las dos medidas han levantado polémica. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), antes incluso que los funcionarios afectados directamente, ha expresado su recelo a activar  "una medida que no se ha aplicado en 45 años".

En efecto, el artículo 385.2 del Código Penal (de 1962) prevé la pena de prisión para quien genere un grave riesgo para la circulación por la colocación de obstáculos, la anulación de la señalización "o por cualquier otro medio"; y también en caso de no restablecer la seguridad de la vía.

Ahora, en sus terceras jornadas de trabajo (las primeras tuvieron lugar hace sólo 15 meses) los fiscales se han planteado que esa norma puede ser de aplicación a los funcionarios responsables de la construcción y mantenimiento de las carreteras, algo que hasta ahora no se había hecho, según ha explicado en León el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Bargas.

De este modo, los fiscales propondrán sanciones penales cuando se detecten carencias importantes en la construcción, se diseñen trazados de curvas peligrosos, firmes claramente irregulares o graves errores en la señalización, por ejemplo, "cuando un conductor se encuentre con un socavón de noche mal señalizado", ha explicado Bargas.

Los fiscales, que hasta ahora centraban sus actuaciones contra los conductores, pretenden procesar ahora a los funcionarios públicos si se demuestra que eran conscientes del peligro, pero también a los contratistas y concesionarios de obras.

Críticas de los conservadores

Desde la ACEX, su director general Pablo Saez ha rechazado en Radio Nacional esa postura, teniendo en cuenta además que "últimamente la administración se ha preocupado mucho de construir (infraestructuras), pero no llega al 2% (del gasto recomendado) en conservación".

Los fiscales han acordado dar instrucciones a las policías judiciales para que redacten atestados con todos los datos técnicos del accidente.

Por otro lado, los fiscales también han analizado el decomiso del vehículo en los supuestos más graves de conducción temeraria o de reincidencia, "cuando (un conductor) vuelve a embriagarse una y otra vez, y percibimos que hay un peligro inminente para la vida" de terceros, ha explicado Bargas.

Desde las asociaciones de defensa de los conductores critican que se multipliquen las medidas coercitivas y dudan de que se pueda llevar a cabo esa propuesta. "En algunos casos será posible, pero no en la mayoría", ha explicado el director jurídico delComisariado Europeo del Automóvil ( CEA), Eugenio de Dobrynine Sirvent.

Los propios fiscales cuentan con la imposibilidad de decomisar el coche cuando se cause un grave perjuicio económico o laboral al propietario. Además, cuando se lleve a cabo están estudiando que el importe de la venta del vehículo vaya destinado a las víctimas de los accidentes de tráfico.

En las jornadas, también se ha acordado "fomentar" la aplicación del delito penal de la omisión de socorro con el fin de proteger a las víctimas de accidentes y concienciar de la importancia de actuar a tiempo en estos casos.

Las propuestas serán remitidas ahora a la Fiscalía General del Estado, que debe dar el visto bueno para su aplicación.