Dos asociaciones judiciales se desmarcan y se unen a la huelga el 18 de febrero
- Consideran insuficiente la respuesta del Ministerio de Justicia
- Son la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente
- Las asociaciones irán a la huelga el próximo día 18 de febrero
A pesar de los intentos del Gobierno para frenar la insatisfacción de los jueces, la situación va a peor. Dos de las asociaciones judiciales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) se unen a la huelga del 18 de febrero convocada por las juntas de jueces de las principales capitales, desmarcándose así de la acción conjunta consensuada con las otras dos asociaciones.
Las otras dos asociaciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) consideran, sin embargo, "inoportuna" esta convocatoria y han asegurado que ir a la huelga tras mantener una sola reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no beneficiará a nadie.
"Las negociaciones con el Ministerio no llegaron a buen termino, salimos bastante insatisfechos y pensamos que la situación es tal que no nos queda más remedio que adoptar las medidas de presión más contundentes de las que teníamos previstas", ha explicado el portavoz del Foro Judicial Independiente, Benito Raboso.
De este modo se rompe el acuerdo de las cuatro principales asociaciones que el pasado 12 de enero decidieron sustituir esta jornada de paros por actos reivindicativos de menor intensidad y otorgar un plazo de seis meses al Ejecutivo para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir definitivamente a una huelga el 26 de junio.
"El acuerdo entra las asociaciones ha quedado ya sin sentido, carece de objeto y causa a la vista de la reunión con el Ministerio que sólo nos ha ofrecido humo, consideramos que se ha de convocar una huelga para ese día 18 de 24 horas", ha explicado, por su parte, el nuevo portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
Los jueces ya amenazaron con ir a la huelga el pasado 12 de enero, en un intento de mostrar "el sentimiento generalizado de hartazgo" de la profesión.
Las cuatro principales asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el malestar y "hartazgo" en el sector de la Justicia.
Ruptura en la unidad judicial
La decisión de AJFV y FJI de sumarse a la huelga del 18 de febrero pone en entredicho a la unidad de la carrera judicial, según han explicado el resto de las asociaciones.
Jueces para la Democracia (JpD), una de las dos asociaciones judiciales que han decido no sumarse a la huelga del próximo 18 de febrero ha acusado a la Francisco de Vitoria (FdV) y al Foro Judicial Independiente (FJI) de "no saber respetar los pactos" y ha añadido que esta decisión no corresponde a alguien "con cierto sentido de la institución".
"Ninguna persona seria y con cierto sentido de la institución se levantaría de la mesa de esta manera sabiendo que tiene margen para negociar", ha criticado el portavoz de JpD, Miguel Angel Jimeno en declaraciones a Europa Press, donde además se ha preguntado "los fines manifestados y los manifestados" que han llevado a FJI y al FdV a romper el acuerdo que mantenían las cuatro asociaciones judiciales a las que el pasado lunes el ministro de Justicia calificó como "el único interlocutor legítimo".
La ruptura entre las asociaciones de jueces se produce después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les prometiese el pasado lunes un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que ese día renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que "la situación no está resuelta".
'Modernizar' la justicia
Los jueces han pedido al Ministerio de Justicia que dirige Mariano Fernández Bermejo una serie de medidas urgentes para la 'modernización' del sector.
Las exigencias de los jueces pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.