El Defensor del Pueblo destapa malos tratos en "muchos" centros de menores

• Enrique Múgica revela la vulneración de derechos de los jóvenes en esas instituciones
• Entre las medidas educativas empleadas están el aislamiento o maniatar a los menores
• El 75% de los centros utilizan tratamiento farmacológico en casos de graves alteraciones
• También se recogen castigos físicos de una agresividad "desproporcionada"
• El texto será remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado

El Defensor del Pueblo ha denunciado malos tratos y vejaciones en algunos centros de menores

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha destapado en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos y les someten a malos tratos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras".

El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo,  revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75% de los centros se suministra tratamiento  farmacológico a los menores en casos de grave alteración. 

El Defensor del Pueblo entiende que "la prescripción y administración de fármacos debe ser realizada con suma cautela, bajo estricta supervisión médica y monitorizada siempre por profesionales con experiencia, y las tomas han de ser muy medidas en las dosis y breves en el tiempo".

"Contenciones físicas"

Sobre la aplicación de las denominadas contenciones físicas, y pese a reconocer deben hacerse "de forma limitada", el Defensor del Pueblo subraya que en muchos centros se llevan a cabo varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas.

Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de las instituciones utilizan medidas de aislamiento,  que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como  medida sancionadora e intimidatoria.

Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de "salas de agitación" o de  "reflexión", con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.

Posibles celdas de castigo

El informe asegura que en la visita a algunos centros han visto celdas "con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma de color negro, sin ventilación ni comunicación alguna al exterior, en las que los menores pueden permanecer recluidos por tiempo indeterminado".

Enrique Múgica ha denunciado que el uso de esas celdas "es defendido por algún especialista con argumentos pretendidamente clínicos o de seguridad". Según el informe, un mentor "justifica esta atrocidad" con el siguiente argumento: "Se trata de que el niño toque fondo, de anular del todo su resistencia".

El Defensor del Pueblo resalta que esas "terribles 'salas' no tienen que ver con actuación terapéutica alguna y no sólo atenta contra la salud psíquica de los menores, sino también contra su dignidad".

A juicio del Defensor, "esos habitáculos, en los que so pretexto de garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol se priva a los niños de todo estímulo sensorial, tendrían que ser sustituidos de inmediato por otros reservados exclusivamente a un uso terapéutico y jamás punitivo".

Ofrecer un contexto participativo

Por otro lado, el informe aboga por que estos centros no sólo ofrezcan a estos menores un acogimiento residencial que responda a las necesidades de salud, educativas y sociales, sino que ha de proporcionar un contexto participativo.

Además, Múgica llama la atención sobre el ingreso en estos centros de menores que han cometido algún delito. "No resulta admisible que niños con perfiles totalmente distintos estén siendo tratados en los mismos dispositivos de protección y sometidos a idénticos proyectos de intervención educativa/terapéutica", señala.

Por ello, el Defensor insta a las administraciones públicas a "la creación de nuevos recursos, intermedios y de acogida, diversificados y planificados en función de las verdaderas necesidades de atención que requieren los menores en situaciones de dificultad social y problemas de conducta".