Italia aprueba una enmienda que permite a los médicos denunciar a los inmigrantes ilegales

• La normativa aprobada por el Senado forma parte de un controvertido proyecto de ley
• Hasta ahora los médicos italianos no podían notificar la asistencia a un ilegal
• El texto prevé la creación de "rondas" de ciudadanos para controlar la seguridad en las calles
• También contempla la puesta en marcha de un registro de personas sin hogar
• En España no existe ninguna restricción para la atención sanitaria a los ilegales
• La medida ha causado rechazo entre médicos y ONG's españolas

El Senado de Italia ha aprobado este jueves una enmienda que permite a los médicos denunciar ante la autoridad judicial a los inmigrantes ilegales, según informa el diario La Repubblica.

La enmienda, presentada por el partido Liga Norte -perteneciente a la coalición gubernamental-, ha salido adelante con 156 votos a favor, 132 en contra y una abstención. Hasta la fecha, el médico no podía denunciar a los extranjeros sin papeles que acudieran a la sanidad pública para ser atendidos.

La enmienda aprobada este jueves modifica un párrafo del Decreto Legislativo nº 286 de 25 de julio de 1998 que establecía que "el acceso a los servicios sanitarios por parte del extranjero no puede ir relacionado a ningún tipo de notificación a las autoridades, a menos que sea obligatorio informar, en las mismas condiciones por las que se llamaría a las autoridades si se tratara de un ciudadano italiano".

Este artículo es parte de un controvertido proyecto de ley presentado por el Gobierno de Silvio Berlusconi en el que también se introduce la tipificación de la inmigración ilegal como delito.

El nuevo texto prevé además hasta cuatro años de cárcel para los ilegales que sigan en territorio italiano a pesar de haber sido expulsados y fija que la tasa para el permiso de residencia irá de los 80 a los 200 euros.

Registro de personas sin hogar

La normativa también establece la creación de un registro de personas sin hogar, del que se encargará el Ministerio del Interior, y en el que deberán inscribirse todos los vagabundos y personas sin techo.

Otra de las normas autoriza a las autoridades locales a crear "rondas" de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles. Estas "rondas" podrán señalar a las fuerzas del orden situaciones que violen la seguridad ciudadana pero no podrán llevar armas, como preveía el texto inicial.

Antes de la votación en el Senado,  la oposición italiana ha hecho un llamamiento al "sentido común" para no poner en marcha una norma que convierte al médico en denunciante "lo que hace que los inmigrantes ilegales no se traten enfermedades por miedo", ha manifestado el senador Daniel Bosone. De este modo, la norma iría en contra de uno de los derechos humanos elementales, situado por delante del de ciudadanía.

Bosone ha manifestado que la enmienda "acaba con el código de ética de los médicos" y existe "un riesgo significativo de que se incentive una 'medicina paralela' que los ilegales utilizarán para no encontrarse con una denuncia si van a un hospital o a un médico registrado". 

El senador italiano también ha advertido del riesgo que existe de que "los inmigrantes ilegales que llegan con importantes enfermedades de su lugar de origen no se curen", lo que tendría importantes consecuencias en la sanidad pública.

"Somos médicos y no espías"

La organización Médicos sin Fronteras también ha mostrado su disconformidad con la norma aprobada en el Senado. La ONG protagonizó durante los pasados días una campaña de protesta bajo el lema "Somos médicos y no espías" para denunciar la posibilidad de que se aprobase esta enmienda.

"Estamos desconcertados ante la decisión del Senado de haber ignorado el grito de alarma de los médicos, enfermeras, obstétricas y cientos de asociaciones", ha señalado el director general de Médicos Sin Fronteras Italia, Kostas Moschochoritis, quien ha añadido que esta norma "viola el derecho del secreto profesional".

Médicos sin Fronteras ha denunciado además que con la aprobación de esta nueva ley "se corre el peligro de crear un clima de miedo y de desconfianza, reduciendo así el acceso de los inmigrantes indocumentados a los centros sanitarios, a pesar de que así lo garantiza la Constitución".

En España no hay restricciones

En España no existen restricciones a la hora de atender a un paciente en la sanidad pública, tenga o no papeles. 

Así lo ha confirmado a RTVE.es Pilar Notario, jefa de servicio del Gabinete de Comunicación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, quie ha asegurado que "si un inmigrante sin papeles llega al servicio de urgencias se le atiende sin ningún tipo de restricción".

Notario ha afirmado que "es una normativa estatal que afecta a todos los hospitales españoles".

Reacciones en contra

El ejemplo italiano ha causado reacciones en contra desde España, donde médicos y ONG's han tachado de "injusta e inhumana" la normativa aprobada por el Senado del país transalpino.

Así lo considera el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Patricio Martínez, quien ha abogado por seguir protegiendo la identidad de los pacientes en situación ilegal que acuden a los servicios de salud "para no vulnerar los derechos del ciudadano".

En opinión de Patricio Martínez, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas cargan al médico "con tareas que no entran en el ámbito de sus responsabilidades" como profesional de la salidad y ponen en riesgo tanto la salud del inmigrante, que acudiría al médico más tarde y con problemas más graves, como la del resto de la población, que estaría más expuesta a enfermedades.

"En España, cuando el paciente llega al hospital, sea ilegal o no, aceptamos el nombre y los apellidos que nos dice, le damos un número de historia clínica y un documento que acredita que ha sido atendido en este centro, recibido tratamiento o ingresado allí. Hasta el momento, se ha podido preservar la identidad del paciente y por mi parte, preferiría seguir así", ha afirmado. 

Retroceso en el derecho a la salud

Para la portavoz de Médicos del Mundo Sara Collantes, coordinadora en España de la Red Averroes, un grupo de 19 países que trabajan para facilitar el acceso del inmigrante ilegal a la sanidad en Europa, la medida italiana es sólo una muestra del "preocupante retroceso en el derecho a la salud que se está gestando en el continente".

"En Europa están avanzando las tendencias que restringen el acceso a la salud del inmigrante 'sin papeles' e Italia sólo se está sumando a políticas como las que están llevando a cabo países como Francia o Reino Unido, que están reduciendo la cobertura sanitaria de este sector de la población, o de Alemania y Grecia, donde se obliga a los gestores de la sanidad pública a denunciar al 'sin papeles'", ha indicado. 

Para la representante de Médicos del Mundo, dar al médico la posibilidad de denunciar equivale a anular la cobertura sanitaria de los inmigrantes ilegales en Italia, ya que el miedo a ser deportados y su desconocimiento de los niveles de autoridad les disuadirá seguro de acudir a una consulta, a pesar de sufrir problemas graves. 

"Para nosotros es gravísimo que se deje a estas personas sin cobertura sanitaria y que se intente ligar el acceso a la salud con las políticas de control de la migración, por lo que pedimos respeto total al derecho a la confidencialidad de los pacientes", ha asegurado. 

Barreras para el acceso a la sanidad

Según Collantes, en España estamos "lejos de que ocurra algo similar", ya que contamos con un cobertura amplia en el sector. No obstante, denuncia que aquí también existen, en la práctica, barreras que dificultan el acceso de los inmigrantes a la sanidad y que, desde 2003, la Policía puede acceder a los datos de los inmigrantes sin permisos que se empadronan para conseguir una tarjeta sanitaria, algo que "les preocupa" porque puede generar  inseguridad y miedo". 

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz Mauricio Valiente, responsable de participación social, ha criticado también la iniciativa italiana por considerar que se enmarca en la "obsesión" del Gobierno de Silvio Berlusconi de implicar a toda la sociedad en "una negativa estrategia de represión contra el inmigrante" que entiende condiciona "sus derechos fundamentales".

"Consideramos que derechos fundamentales, como el acceso a la sanidad, no deben condicionarse bajo ningún concepto ni someterse a requisitos que los vacíen de contenidos", recalcó Valiente, quien cree que esta medida "injusta en inhumana" no podría aplicarse en España, ya que, a su juicio, "entraría en contradicción con nuestra Ley de Extranjería y conculcaría derechos básicos de todo ciudadano".