El PSOE propone en el Congreso una ley de plazos sobre el aborto

• En la subcomisión, el PSOE aboga por una Ley de Plazos e Indicaciones
• Los grupos tendrán que consensuar un texto común sobre el aborto
• El PP quiere controlar más las clínicas y mejorar las ayudas a las madres
• La nueva ley podría provocar que nazcan 9.000 niños no deseados al año

El PSOE y las minorías de izquierda (ERC, IU, ICV y BNG) han presentado sus conclusiones sobre la subcomisión del Congreso que analiza la legislación del aborto en la que abogan por una Ley de Plazos e Indicaciones.

Los grupos tendrán que consensuar un texto común sobre la subcomisión, a la que han acudido una treintena de especialistas. La portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, intenta elaborar un documento de síntesis, que será votado en la Comisión de Igualdad y posteriormente entregado al Gobierno para que lo tenga en cuenta -junto con el informe del Comité de Expertos del Ejecutivo- a la hora de redactar la nueva ley.

Los socialistas defienden una norma que permita el aborto libre en las primeras semanas, sin fijar con exactitud el plazo, y abordar protocolos para mejorar la calidad de la prestación en la sanidad pública. El PSOE también quiere regular el consentimiento informado de las mujeres y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El grupo formado por ERC-IU-ICV solicita una nueva regulación que permita el aborto libre "en torno" a las primeras 20 semanas de gestación y sin límite de tiempo en caso de "grave malformación fetal y grave peligro para la vida de la madre". Además subrayan la necesidad de regular la objeción de conciencia y garantizar el aborto en el Sistema Nacional de Salud.

El BNG coincide con esta propuesta pero abre la horquilla del aborto libre entre las 16 y las 20 primeras semanas de embarazo.

El PP aboga por aplicar la actual ley "en sus justos términos", reforzar "el control a las clínicas" privadas que practican estas interrupciones y dotar de más prestaciones a las mujeres embarazadas para que no se ven "abocadas al aborto". Los populares han adelantado que se van a oponer a una ley de plazos que supone "más abortos" y que "no beneficia a la sociedad española, ya que no reduce el número de abortos".

Los trabajos de la subcomisión continúan esta tarde.

9.000 niños no deseados

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) ha asegurado que la ley de plazos que prepara el Gobierno podría obligar a una "maternidad forzosa" a alrededor de 9.000 mujeres al año.

  

ACAI ha pedido a los miembros de la subcomisión del Congreso que estudia la modificación de la ley del aborto y que presenta este jueves sus conclusiones que la nueva norma permita el aborto hasta la semana 24 ó 26 en los supuestos de problemas psicosociales o socioeconómicos de la mujer.

  

Este es el plazo de viabilidad fetal al que se acogen las clínicas abortistas como fecha límite para la decisión voluntaria de la mujer en el aborto provocado.

  

Ya que "parece que los grupos parlamentarios han descartado" esta posibilidad, ACAI pide que la ley contemple indicaciones sobre las condiciones psicosociales y económicas que padecen las mujeres.

Definición de la OMS

  

También piden que el articulado de la ley recoja claramente el concepto de salud de la mujer formulado por la OMS, según la cual la salud es "un estado de bienestar físico, psíquico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedades o afecciones".

Asimismo señalan que el plazo de 22 semanas para la realización de abortos por malformaciones del feto que propone la subcomisión dejaría sin cobertura a problemas que se detectan después de esa fecha y que pueden ser incompatibles con una "vida digna".

  

A juicio de ACAI, una ley de plazos cortos provocaría el "éxodo abortivo" y propiciaría las prácticas clandestinas en la interrupción del embarazo.

  

Subrayan también la "desprotección" con la que trabajan los más de 600 profesionales de los centros acreditados para realizar abortos y no descartan movilizaciones para denunciar la "asfixia económica" a la que se les somete desde determinadas administraciones.