Garzón dice que Correa sobornaba a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia
- El juez asegura que Correa dirigía un "conglomerado de empresas"
- Las empresas se nutrían de fondos de entidades públicas de Madrid y Valencia
- Garzón investiga a cargos públicos de las dos comunidades por si recibieron sobornos
- El objetivo, señala el auto de prisión, era "obtener un beneficio propio"
- Utilizaba "como norma común" sobornos a funcionarios y autoridades públicas
- Según un informe policial, Correa "planeaba salir de España el pasado día 7"
- El grupo, liderado por Correa, estaba formado también Antoine Sánchez y Pablo Crespo
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene, en el auto por el que decretó el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la operación Gürtel, que dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio".
Para ello, según el auto hecho público hoy, utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando".
Garzón les imputa delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, múltiples delitos de cohecho, un delito de asociación ilícita y diversos delitos de tráfico de influencias.
Con el objetivo de "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos", Garzón señala que los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero.
De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas", o, en algunos casos, la paralización de expedientes sancionadores que afectaban a Correa, dice el juez.
El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte "en inmediata relación de jerarquía" su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.
Operación precipitada ante una posible huida
En el auto, el magistrado añade que la operación policial, desarrollada el pasado 6 de febrero, se desencadenó después de comprobar que Correa, a quien en los últimos días de escuchas se le había detectado "cierto nerviosismo", planeaba huir de España el día 7 de febrero con destino a Panamá, país en el que estaba intentando obtener la residencia de forma "fraudulenta".
Las operaciones delictivas se articulaban a través de un "conglomerado empresarial" integrado por un total de 23 empresas -entre ellas Easy Concept Comunicación, Orange Market (propiedad del también imputado Álvaro Pérez Alonso), Pasadena Viajes y Special Events- y al frente de las cuales Correa sitúa a testaferros.
También figuran Parque Logístico Montalvo, Intermedia Eja Comunidades Integrales, FCS Formación Comunicación y Servicios, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Osiris Patrimonial, Cresva, Caroki, Proyectos Financieros Fillmores, Inversiones Kintamani, Hator Consulting, Odisea Servicios 2001, Rialgrenn, TCM, Forever Travel Group, Estudios Vesubio, Welldone, Castaño Corporate.
Paraísos fiscales
Sobre la estructura creada en España se superponía "una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda y que estaban a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes".
Con este funcionamiento se permitía a la organización "incorporar fondos de las sociedades radicadas en Inglaterra y Holanda, enmascarándolo como ampliaciones de capital", si bien, en realidad, los fondos procedían "de las sociedades matrices que se encuentran en las Antillas Holandesas, Islas del Canal u otros territorios 'offshore'".
En resumen, se trataba de "una estrategia de ocultación" que ha permitido a Correa "llevar el control de este entramado societario sin que él figurara". Correa colocó al frente de sus empresas en España a Crespo, "una persona de su confianza".
Pablo Crespo es, según el juez, "el segundo de la organización" y su función consistía en llevar "la dirección y el control del funcionamiento de las empresas".
Este imputado ejecutaba las órdenes de Correa, daba instrucciones al restos de los integrantes de la organización y ordenaba "el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especies, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".
Para conseguir desvincular sus sociedades del procedimiento judicial y proteger su estructura patrimonial, Correa colocó a su primo Antoine Sánchez al frente de las sociedades y llegó incluso a darle instrucciones para obtener un pasaporte y una residencia en Senegal.
Blanqueo y evasión fiscal
Como canal de blanqueo, la organización utilizaba el envío de transferencias "a través de los fondos de los que disponen en Suiza, desvinculándolos de su origen". La organización disponía, además, de un piso de seguridad en la calle Martínez Campos de Madrid, en donde se guardaban "documentos sensibles".
Además, Correa tenía cuatro apartamentos en el casco histórico de Cartagena de Indias (Colombia), propiedades en Las Rozas (Madrid), Sotogrande (Cádiz), Ibiza y Tarifa (Cádiz), así como atraques de barco en Puerto Marina (Benalmádena, Málaga).
Este jueves el Partido Popular ha presentado dos escritos ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Baltasar Garzón, en los que solicita su personación como acusación particular en el caso Gürtel por absoluta indefensión y la recusación del magistrado por enemistad con el PP.