La Comunidad de Madrid pide personarse como perjudicada en la trama de corrupción

• Considera que la actual instrucción del caso le perjudica
• Pide a Garzón que se abstenga si hay aforados implicados
• Asegura que "no le consta" el destino de fondos propios a fines distinos a los previstos

La Comunidad de Madrid ha reclamado poder personarse en calidad de perjudicado en el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción que afecta a empresarios con diferentes entidades, ségún han informado fuentes del Gobierno regional.

El Ejecutivo madrileño ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que alega sentirse perjudicado por la actual instrucción de ese caso y pide que se le reconozca la personación.

En el escrito, el letrado que representa a la Comunidad habla del auto dictado ayer por el juez Garzón, del que se han hecho eco los medios de comunicación, y alude a conversaciones telefónicas grabadas a uno de los imputados, el empresario Francisco Correa. En concreto, en ellas Correa afirma que se han cargado a la región madrileña gastos del PP y de que un consejero cobraba comisiones por distintos favores.

La Comunidad de Madrid asegura que "no le consta" que puedan haberse destinado fondos propios a fines distintos de los legalmente previstos y exige poder tomar parte en el procedimiento judicial de Garzón como perjudicada. En esta línea, el Gobierno madrileño pretende "ejercitar las acciones que legalmente procedan al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" con el objetivo de ver reconocido su derecho a "la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión".

Solicita que se abstenga de la causa "si afecta a aforados"

En el escrito la Comunidad recoge varios párrafos del auto de Garzón, como que Correa y otro imputado, Pablo Crespo, dan "instrucciones" para hacer pagos a funcionarios públicos de los que se deriven beneficios para ellos y sus empresas.

Asimismo, el representante legal del Ejecutivo de Esperanza Aguirre recuerda que en el auto se dice que "hay indicios suficientes de que los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando dádivas y sobornos".

El escrito de la Comunidad apunta que, en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "cuando el delito fuese por su naturaleza de aquellos que sólo pueden admitirse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días".

Asimismo, solicita a este juzgado que se abstenga de esta causa "si afecta a personas aforadas" y que se remita a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Todo ello porque, según el Estatuto de Autonomía de Madrid, "la responsabilidad penal de los consejeros para los delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid". 

El 'factor' López Viejo

Entre los treinta y siete imputados por Garzón no hay, por el momento, ninguna persona aforada, aunque se había especulado con que el ya ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, estuviese entre ellos al haber presentado éste su dimisión por su relación con algunas de las empresas del presunto 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa.

Si López Viejo fuese imputado por el juez su causa pasaría directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al ser parlamentario regional y, por tanto, aforado.

Rechazo a la presencia del PP

Esta decisión llega después de que Garzón haya rechazado que el PP se presente como acusación particular dado que, según un auto publicado este viernes, "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas". 

Los 'populares' ya han anunciado que recurrirán esta decisión al considerarla "jurídicamente inaceptable".