Garzón suspende por la vía penal las actividades de D3M y Askatasuna durante tres años

• El juez prohíbe de forma expresa que llamen al voto nulo en las elecciones vascas
• Se clausuran sus sedes, se embargan sus cuentas y no podrán participar en actos públicos
• La medida cautelar es prorrogable a cinco años y se produce tras la anulación de sus listas
• El magistrado argumenta que están "bajo la dirección y el control de Batasuna-ETA"

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado la suspensión de las actividades del partido Askatasuna y la plataforma Demokrazia 3 Milioi (D3M) por un período de tres años prorrogables a cinco, en un auto en el que prohíbe de forma expresa que los miembros de ambas formaciones realicen durante el periodo electoral llamamientos al voto nulo u ofrezcan sus papeletas de forma pública incitando a que sean utilizadas el día de las elecciones vascas del 1 de marzo.

Garzón ha adoptado esta decisión después de que el Tribunal Constitucional confirmara pocos minutos antes de la medianoche del jueves, y por tanto del comienzo de la campaña electoral, la decisión de la sala del 61 del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de D3M.

En el auto, de 70 folios, el magistrado suspende "todas y cada una" de las actividades que hasta el próximo 1 de marzo pudieran desarrollar D3M y Askatasuna, cuyas papeletas se pueden imprimir en internet a través de sus webs, pese a la anulación de sus candidaturas. Destaca, de hecho, que su decisión de suspender a las formaciones se debe a que la anulación de sus listas dictada por el Tribunal Supremo "no es suficiente porque aún podrían desarrollar actos de alteren o perturben el orden electoral".

Clausura de sedes y embargo de cuentas

El juez también ha acordado clausurar las sedes y locales de ambas formaciones y sus páginas webs, así como suspender su capacidad para participar como partidos, organizaciones o grupos en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional.

Ha ordenado además embargar las cuentas y depósitos de D3M y Askatasuna y ha suspendido todas sus actividades financieras, además de su capacidad para convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público y efectuar cualquier tipo de actividades propagandística.

Garzón advierte a los responsables de estas formaciones de la obligación de cumplir todas las medidas bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial, y para ello comunica también su decisión a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y Jefatura Superior de Policía de Pamplona con el fin de que adopte todas las medidas legales para hacer efectiva su resolución.

Argumentación

El magistrado sostiene que ETA y Batasuna crearon en 2001 la "marca" Askatasuna para su uso ante la eventual suspensión judicial o ilegalización del entonces frente político institucional (Herri Batasuna), aunque entonces no fue necesario su uso y ahora lo han recuperado para intentar estar presentes en las elecciones del 1 de marzo, lo que ha sido impedido por el Supremo y el Constitucional.

Para el magistrado, sin embargo, D3M es una asociación "de carácter transitorio" y "con la solo ilegalización por el Tribunal Supremo no es suficiente" ya que, añade el auto, "pueden desarrollar actos que alteren o perturben el orden electoral".

Sobre Askatasuna, señala que, "si bien está acreditado que carecía de actividad orgánica, ello no significa que, de no estar suspendida, puedan hacerlo con finalidad de continuar desarrollando la estrategia marcada por Batasuna/Ekin".

Sumisión a Batasuna-ETA

Destaca además que tanto Askatasuna como D3M "han discurrido desde su inicio por la senda de la legalidad formal pero bajo la dirección y control de una organización terrorista como es Batasuna-ETA".

"Se trata de una respuesta penal adecuada a la dinámica comisiva de una organización como Batasuna-ETA que se integra por estructuras claramente mafiosas, vertebradas complejamente mediante oscuros mecanismos de financiación, burlando en forma sistemática la legalidad, a la vez que auspicia los actos violentos, los instrumenta o los silencia, en beneficio de su finalidad delictiva y en contra de los principios básicos del Estado de Derecho", concluye Garzón.