El Gobierno aprueba 20.000 plazas de empleo público, la mitad que en 2008

• La crisis provoca la reducción de 15.000 plazas en la oferta de empleo público
• El Gobierno asegura que la oferta garantiza el funcionamiento de la Administración
• Se incremetan hasta el 7% las plazas para personas con discapacidad
• Las comunidades se repartirán 110 millones para la rehabilitación de vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público para este año

El Gobierno ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público para 2009, que cuenta con un total de 20.561 plazas, lo que supone una reducción del 42,7% respecto a las 35.895 plazas convocadas para el ejercicio 2008. De este modo, el Gobierno responde al 30% de los puestos vacantes por bajas o jubilaciones, el mínimo que marca la ley.

Según ha anunciado la ministra de Administraciones Pública, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la reducción de la oferta pública incide en la contención del gasto y es "adecuada" al momento actual de crisis económica.

La ministra ha asegurado que, pese a la reducción respecto al ejercicio anterior, las plazas ofertadas son suficientes para garantizar la seguridad y el ejercicio de las funciones prioritarias de la Administración.

Espinosa ha explicado que el total de nuevas plazas ofertadas por la Administración central se eleva a 17.948 mientras que 2.613 serán de promoción interna.

De la Vega garantiza el servicio al ciudadano

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la nueva oferta de empleo público compatibiliza "el rigor y la austeridad presupuestaria" con la mejor calidad al servicio de los ciudadanos y ha destacado que su finalidad es reactivar la economía.

De la Vega ha informado de que la nueva Oferta Pública de Empleo establece medidas para la igualdad de acceso entre hombres y mujeres y facilidades a los candidatos para poder conservar su nota en las oposiciones siempre que no supere el 60% de la calificación máxima. También se garantiza que la tramitación necesaria para participar en las distintas pruebas así como el seguimiento del proceso pueda realizar por vía telemática.

La Oferta Pública de Empleo para 2009 establece por vez primera que el 2% de las plazas se reservarán a personas con algún tipo de discapacidad intelectual, porcentaje que se añade al 5% que actualmente se reserva a personas con discapacidad física o sensorial, lo que incrementa hasta el 7% las plazas destinadas a personas con discapacidad en la Administración General del Estado.

110 millones de euros para la rehabilitación de viviendas

El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes un acuerdo por que se formalizan los criterios de distribución de los 110 millones de euros para rehabilitación de viviendas y espacios urbanos en todo el territorio nacional. Esta cantidad procede del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía (Plan E).

Los 110 millones de euros se repartirán entre las Comunidades Autónomas dando preferencia a los proyectos de rehabilitación que generen más puestos de trabajo y tengan previsto su inicio en el menor tiempo posible. Esta previsto que estos fondos generen 30.000 empleos directos de forma inmediata y beneficien a más de 40.000 familias.

Las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana que podrán financiarse con este fondo irán desde la mejora de la eficiencia energética en los edificios hasta la mejora de la accesibilidad o áreas de rehabilitación integrada de barrios degradados, conjuntos históricos, centros urbanos y municipios rurales.

Además, la Ministra de Vivienda ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la política de rehabilitación de viviendas, edificios y espacios urbanos, en el que ha destacado los beneficios de la rehabilitación para la economía y el potencial de expansión que tiene la misma, lo que la convierte en una política estratégica del Gobierno.

El objetivo es rehabilitar 470.000 viviendas en cuatro años. Para ello, se destinarán dos mil millones de euros en subvenciones directas, a lo que hay que añadir la financiación adicional ofrecida a través del ICO. Esta financiación pública generará una producción efectiva de 4.200 millones de euros.