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El ex alcalde de Boadilla entrega 4 archivadores con documentación a Garzón

  • El juez Garzón interroga este miércoles a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda

El magistrado tiene previsto finalizar este jueves los interrogatorios de la operación Gürtel

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El ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez Baltasar Garzón como imputado en el llamado "caso Gürtel" y ha traído consigo cuatro archivadores con amplia documentación para entregarle al magistrado.

González Panero ha llegado al tribunal poco antes de las 10:00, mientras que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso y el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri -también imputados- lo han hecho sobre las 9:30 horas, acompañados por sus abogados, Luis Rodríguez Ramos y el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, respectivamente.

Garzón ha comenzado la tanda de interrogatorios prevista para este martes con la toma de declaración del también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, a quien seguirán Ulibarri, González Panero y Ortega Alonso, y tras ellos el juez interrogará a Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Guillamot.

El magistrado tiene previsto concluir estos interrogatorios este jueves con las declaraciones de los imputados Juan Manuel Jiménez Bravo (gerente de la empresa de materiales de construcción Puertonarcea) y Carmen, empleada del bufete ya citado, a los que se unirán otros cinco imputados cuya comparecencia, prevista para la semana pasada, quedó aplazada para ese día.

Hasta el momento ha tomado declaración a 24 de los 37 imputados en esta supuesta trama de corrupción, aunque el juez sólo ha enviado a tres de ellos a prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

Entretanto, Garzón sigue esperando el informe que reclamó la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción (a la que dio un plazo de 48 horas que ésta ha obviado) para que responda si debe inhibirse ante el Tribunal Supremo, al haber encontrado el juez indicios contra al menos dos diputados, senadores o eurodiputados del PP.