El responsable de seguridad con Leguina dice que "ni hacían seguimientos, ni espionajes"

• Virgilio Cano inaugura las comparecencias de la comisión de investigación en Madrid
• Su objeto es arrojar luz sobre la supuesta trama de espionaje a políticos de la Comunidad
• El servicio de Seguridad de la Comunidad se creó cuando era consejero de Gobernación
• Cano se ha mostrado "sorprendido" de que estén en blanco las competencias del área actual
• El PSOE e IU aseguran que no entienden por qué el PP ha llamado a Cano
• La oposición se queja de haber recibido la documentación "tres minutos antes"
• Carlos Mayor Oreja, responsable con Gallardón, dice que la contravigilancia la hacía Interior
• El PP enseña documentos para respaldar que "vigilar personas" está permitido desde el 88

Cano niega que se hicieran espionajes en la época con Leguina

El ex consejero de Gobernación de la Comunidad en Madrid Virgilio Cano, en época del socialista Joaquín Leguina, ha explicado que desde el servicio de Seguridad cuando él era su responsable "ni se hacía contravigilancia, ni seguimientos y por supuesto ningún tipo de espionaje". No había "ni medios materiales, ni humanos", ha explicado.

"Jamás hubo un informe, parte o comunicación o nota que no tuviera que ver con las competencias" que en ese momento tenía la Comunidad que eran, según ha explicado, protección civil, incendios, coordinación de policías locales y protección de edificios.

El único cargo del Gobierno de Madrid en aquella época que tenía escolta era el propio Joaquín Leguina. Esta protección, según ha explicado Virgilio Cano, era facilitada por el Ministerio del Interior.

Virgilio Cano ha sido el primero de los 29 comparecientes que pasarán en los próximos días por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que trata de dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la existencia de una supuesta trama de espionaje para hacer seguimientos a políticos madrileños.

El Partido Popular pidió su comparecencia para demostrar que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, "heredó" las estructuras que crearon los socialistas con Joaquín Leguina, según ha resaltado el portavoz popular en la comisión, David Pérez. 

Tanto el PSOE como IU han criticado que el PP haya llamado a declarar a Cano. El parlamentario de IU Miguel Reneses lo ha calificado "de cuartada para el Gobierno de Esperanza Aguirre". Por su parte, la portavoz socialista Maru Menéndez también ha mostrado su disconformidad con la primera comparecencia: "le agradezco que esté aquí a pesar de no tener ninguna vinculación con el objeto de la comisión que se sitúa ya en el siglo XXI".

La oposición también se ha quedajo de haber recibido "tres minutos antes" de que empezar la comisión la documentación que demandaron.

Cano no ha querido entrar a valorar si su presencia era o no pertinente: "Voy a evitar juicios de valor, que obviamente tengo pero no es mi cometido" en la comisión.

Sobre si es la misma estructura la que el puso en marcha a la que existe ahora, Virgilio Cano se ha mostrado satisfecho por ver que lo que era un simple servicio de seguridad ahora tenga dos direcciones generales, pero se ha mostrado "sorprendido" de que las competencias del área de seguridad, desde donde se han hecho supuestamente los espionajes,  "figuran en blanco". Mayor Oreja: "La contravigilancia la hacía la Policía Nacional"

El segundo en comparecer este miércoles ha sido el ex consejero del Partido Popular Carlos Mayor Oreja. En los diez meses en los que él dirigió las competencias de seguridad de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón de presidente, el cuerpo de vigilantes de la Comunidad "exclusivamente vigilaba edificios". Las labores de contravigilancia "las realizaba la policía nacional, que para eso estaba", recoge Efe.

Mayor Oreja ha explicado que en esa época el cuerpo regional de seguridad era "pequeño" y "exclusivamente vigilaba edificios", al igual que los guardias civiles en segunda actividad que se incorporaron a esa función entre 1995 y 1999, y que estaban concentrados en la Puerta del Sol.

El ex consejero ha destacado que la principal novedad en seguridad que se produjo en la época de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón respecto a la que le precedió de Joaquín Leguina fue que, no sólo el presidente de la Comunidad tenía protección, sino que también empezaron a tenerla los consejeros del gobierno.

Mayor Oreja ha afirmado que durante su mandato "claro que no se hicieron dosieres", que el cuerpo de seguridad "no era un unidad sospechosa de nada", y que ese cuerpo sólo era "difícil de gestionar por cuestiones de régimen laboral y de personal".

El PP asegura que se puede vigilar a personas desde 1988

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje, David Pérez, ha repartido documentos que reflejan que el personal del área de seguridad de la Comunidad de Madrid está autorizado a realizar tareas de "vigilancia de personas" desde 1988, informa Efe.

En su comparecencia en la comisión, los ex consejeros madrileños Cano (PSOE) y Mayor Oreja (PP) han negado que el cuerpo de seguridad autonómico vigilara a personas durante sus respectivos mandatos.

Pérez, sin embargo, ha mostrado en los pasillos de la Asamblea un informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que recopila los convenios colectivos del personal de la Comunidad de Madrid y refleja que el área de servicios generales, de la que depende el área de seguridad, comprende tareas de "vigilancia de personas" desde el convenio de 1988-1991 y en todos los posteriores. También ha hecho público un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1987 que autorizaba llevar armas.

Según Pérez, "todo apunta a que había autorización y cobertura para hacer vigilancia de personas, y los comparecientes no lo han desmentido".

El portavoz del PP se ha mostrado convencido de que los testimonios de Cano y Mayor Oreja han demostrado que el servicio de seguridad de la comunidad de Madrid "no lo ha creado el gobierno de Esperanza Aguirre, sino que el gobierno de Joaquín Leguina lo creó, lo desarrolló y le asignó la utilización de armas y la labor de vigilancia a personas, y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón lo potenció".