Garzón se inhibe en favor del TSJ de Madrid e imputa a los alcaldes de Pozuelo y Arganda

• Ve indicios contra tres diputados regionales de la Asamblea de Madrid
• También ha retenido parte de la causa e imputado a otros seis cargos del PP
• Otros dos imputados son el padre y el hermano del eurodiputado Gerardo Galeote
• Lea el auto de inhibición en el TSJ de Madrid (pdf)
• Lea el auto de nuevas imputaciones (pdf)

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido de parte de la operación "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP. Otras seis personas, entre ellas los alcaldes del PP de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda, están imputadas.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado ambas decisiones en sendos autos, en los que sostiene que los tres aforados de Madrid hicieron operaciones con el líder de la trama Francisco Correa por un valor de 1.250.728 euros y los seis nuevos imputados por 3.297.566 euros.

Además de los dos mencionados alcaldes, el juez ha imputado a otras cuatro personas: Tomás Martín Moral -director general de gestión urbanística de Boadilla del Monte (Madrid) y cuyo ex alcalde Arturo González Panero ha sido uno de los primeros imputados- y Clemente Aguado, ex diputado de la Comunidad de Madrid y fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila.

También figuran José Galeote -ex concejal de Boadilla- y Ricardo Galeote -ex concejal de Estepona (Málaga)-, padre y hermano, respectivamente, del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Respecto a este, el juez explica que la Fiscalía desestimó la inhibición ante el Supremo porque "no había elementos suficientes" contra el eurodiputado, cuyo nombre y el de algunos de sus familiares ha aparecido durante la investigación de esta causa.

Cobros de Correa

El juez Garzón insta al TSJ de Madrid a asumir la competencia de "toda o parte" de la causa y aconseja imputar a los diputados autonómicos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

López Viejo dimitió de su cargo de consejero de Deportes tras conocerse que podría ser imputado, mientras que Martín Vasco dimitió de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que investigaba la trama de espionaje.

Según el auto de Garzón, López Viejo habría recibido por parte de la organización de Correa entre noviembre de 2004 y febrero de 2007 286.000 euros, además de otras entregas de la "caja B" hasta alcanzar los 563.000 euros. 

El juez apunta que López Viejo estaría "vinculado" con la organización de Correa "a la que habría beneficiado en diferentes eventos (...) a cambio de entregas de dinero (...)". Además, añade que para "disimular ese favorecimiento" no se facturaba por encima de los 12.000 euros "para que la concesión del evento no saliera a concurso público".  

Según el magistrado, Alfonso Bosch habría recibido 250.562 euros y Benjamín Martín Vasco 437.166 euros. Garzón imputa a los tres aforados los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y asociación ilícita. 

Sigue investigando

El magistrado de la Audiencia Nacional se había inhibido antes de otra parte del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al encontrar indicios contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su número dos, Ricardo Costa, y también contra los populares José Víctor Campos y Rafael Betoret.

Al inhibirse en favor de los TSJ de Madrid y Valencia, el juez concluye que la trama de Correa se distribuye principalmente en estas Comunidades Autónomas y "a nivel local" en los Ayuntamientos de Arganda, Boadilla, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y "o también en la comunidad de Castilla y León".

No obstante, Garzón ha decidido retener temporalmente parte de la causa y seguir investigando hasta que la acepten los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, ha citado para el 18 de marzo a estos seis imputados, que se unen a los 37 a los que ya ha tomado declaración, y a los que acusa de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Ausencia de facturas

Sobre la operaciones realizadas por López Viejo señala que "para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público". Según Garzón, el ex consejero de Deportes sería la persona "que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros".

En el auto, el juez relata que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos. Además sostiene que Crespo se había reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero, "apareciendo la relación de los mismos en un listado [...] que controlaba el imputado Javier Nombela en nombre de Easy Concept".

Sobre Martín Vasco, el magistrado asegura que se dedica a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos para la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, sociedad que había pagado comisiones a Correa para ello. En sus cuentas, añade el auto, aparecen anotaciones de facturas de entre 2003 y 2008 por conceptos como billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches, organización de la boda, viaje de novios (28.888 euros), compras en joyerías (13.975 euros) y tres entregas en efectivo por 230.000 euros, con lo que el montante total asciende a 345.166 euros.

Caja B

El juez se refiere también a una reunión mantenida entre Martín Vasco con Nombela, Correa y Crespo en la que hablaron de las entregas de cantidades de dinero a López Viejo, González Panero y Clemente. De Bosch, el juez apunta que recibió pagos de Correa a cambio de obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla a la empresa Hispánica, así como la de unos locales a Rústicas MBS, propiedad del imputado José Ramón Blanco Balín (ex vicepresidente de Repsol YPF).

Respecto al alcalde de Pozuelo, el magistrado asegura que cuando éste ganó las elecciones, el "grupo empresarial investigado" y la persona con la que contactaba la trama de Correa era la concejala de obras de este consistorio, Yolanda Estrada. En total, las operaciones realizadas por Sepúlveda ascenderían a 422.992 euros, añade el auto.

Garzón destaca que en la contabilidad de la caja B del piso franco que la red tenía en la calle Serrano constan cantidades percibidas por José Galeote de 612.506 euros y por Ricardo Galeote de 42.469 euros, mientras que a Tomas Martín le atribuye 378.172 euros a los que habría que añadir los 510.000 percibidos por éste y González Panero.