Garzón se inhibe en favor del TSJ de Valencia por encontrar indicios contra Camps y Ricardo Costa
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El juez Baltasar Garzón se ha inhibido de una parte del caso "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el diputado de las Corts valencianas Ricardo Costa, también secretario general del PP de Valencia.
Garzón les acusa en su auto de recibir dávidas de las empresas de Rafael Correa -el presunto cabecilla de la trama- en forma de trajes a medida y afirma que la trama de corrupción se gestó de una relación directa del empresario con responsables del PP en Génova.
En su auto, Garzón imputa también al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot -ocupó el cargo hasta abril de 2007- y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo hasta julio de 2007.
El magistrado tiene previsto notificar a lo largo de la tarde otros dos autos -ya dictados- sobre otros aforados que podrían estar imputados, uno de ellos previsiblemente en favor del TSJ de Madrid .
Más de 12.000 euros en trajes a medida y 420.000 euros para el PPV
El juez Garzón señala en su auto que el presidente de la Generalitat recibió 12.783 euros "en especie", principalmente en trajes a medida, como dávidas pagadas por la empresa de Francisco Correa Orange Market, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.
Según el auto, Camps, quien hace unas semanas negó su implicación, acude a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, "El Bigotes" (administrador de Orange Market) con el fin de que adquirieran ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de "El Bigotes".
Según el auto, de la contabilidad de la red de sociedades de Correa se deduce que se habría utilizado una o varias de estas empresas "para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita a Camps, haciendo aparecer en las mismas conceptos falsos".
En la contabilidad B del piso franco que esta red tenía en la calle Serrano de Madrid, apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Garzón subraya que de esa cantidad aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000 € y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".
"No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", por lo que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", señala el auto.
Pagos en dinero B
Además, el magistrado concluye que los gastos de organización de ese congreso regional -celebrado en septiembre de 2002-, facturados por Orange Market, fueron pagados por el PPV "aparentemente con dinero de procedencia A y B", dinero B que el juez entiende "fuera del control fiscal y en efectivo".
Garzón destaca además que durante la toma de declaración al empleado de las tiendas de ropa este recibió a su número de teléfono móvil varias de Camps que no atendió, aunque aseguró que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas".
El magistrado también apunta que Ricardo Costa, Jorge Víctor Campos y Rafael Betoret recibieron "en especie" 7.325, 4.850 y 9.950 euros, respectivamente.
Relación con dirigentes de Génova
El juez de la Audiencia Nacional también afirma que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova".
Así, sostiene que cargos del PP nacional, cuando José María Aznar era su presidente, convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".
"Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".
Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".
No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes".
El juez Garzón ha dictado los autos de inhibición después de concluir la ronda de interrogatorios a los imputados hasta ahora en el caso Gürtel y tras que la Fiscalía Anticorrupción le instara, por segunda vez, a inhibirse en favor de los TSJ de Valencia y de Madrid al no encontrar indicios de implicación de aforados nacionales.
El TSJV debe pronunciarse ahora sobre si se declara o no competente para investigar los hechos.