La Audiencia Nacional rechaza que Aznar, Trillo y Bono testifiquen en el juicio del Yak-42

• La Audiencia rechaza su comparecencia porque "no son útiles para el fin del proceso"
• Tampoco declararán los máximos responsables de Defensa y del Ejército de Tierra
• El juicio tendrá lugar entre los días 24 de marzo y 3 de abril a cargo del juez Bermúdez

La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha rechazado que el ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono declaren como testigos en el juicio sobre la identificación errónea de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev-42,  al entender que sus  testimonios "no son útiles para el fin del proceso".

El tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que será ponente de la sentencia, rechaza de esta forma la petición realizada por las dos principales asociaciones de familiares de las víctimas, que ejercen la acusación popular y solicitaron la comparecencia del ex jefe del Ejecutivo y de los dos ex ministros de Defensa.

El tribunal, que únicamente ha admitido la comparecencia de 20 de  los 71 testigos solicitados por las asociaciones de familiares de las  víctimas, considera que el resto de declaraciones --incluidas las de  Aznar, Trillo y Bono-- no tienen "relación directa con el objeto" del  juicio, conformado por los hechos y calificación jurídica de  acusaciones y defensas" o se basan en "información obtenida al margen  del proceso".

Las asociaciones justificaron la prueba testifical de Aznar argumentando que "era presidente del Gobierno en el momento del  accidente" y "dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en  que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003".

En relación con Trillo y Bono, la representación legal de los  familires de las víctimas argumentaron que el primero dirigía el Ministerio de Defensa en el momento del accidente y que el segundo  ordenó la investigación sobre las tareas de repatriación de los cadáveres. 

 No declararán cuatro altos mandos

La Audiencia también ha rechazado, con los mismos argumentos, las  comparecencias del teniente general Luis  Alejandre Sintes, jefe del  Estado Mayor del Ejército de Tierra; el teniente general Eduardo  González-Gallarza, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del  Aire; el almirante general Antonio Moreno Barberá, entonces jefe del  Estado Mayor de la Defensa; y Francisco Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa.

Los que sí testificarán durante el juicio serán el teniente  general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que  dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior  exhumación de los cadáveres; el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las operaciones de  dentificación y  repatriación de las víctimas del accidente; y el entonces cónsul en Estambul, Raimundo Ezquerra.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular dirigen su  acusación contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos  que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez  y el capitán Miguel Sáez. El teniente fiscal, Fernando Burgos,  solicita que todos ellos sean condenados a cinco años de cárcel  y las  acusaciones particulares a uno más por un delito continuado de falsedad documental.

Las familias también solicitan una multa 60.000 euros para Navarro  y de 48.000 para Ramírez y Sáez. En el caso de las indemnizaciones, reclaman que la cuantía de 25.000 euros que el fiscal solicitó para  las esposas, compañeras, padres e hijos de los militares que fueron identificados erróneamente se sumen otras de 6.000 euros para sus  hermanos.

Más de 100 testigos rechazados

Los colectivos que ejercen la acusación particular también  han solicitado sin éxito la comparecencia de un centenar de testigos, entre los que también se encontraban Fernando Díez, ex secretario de  Estado de Defensa; Víctor de la Torre, subsecretario de Defensa en el  momento del accidente; el teniente general Manuel Estellés, jefe del  Mando Aéreo de Levante (MALEV), encargado del viaje a Afganistán del  que volvía el avión siniestrado; y el teniente general Carlos Gómez  Arruche, entonces segundo jefe de este departamento.

También han solicitado la comparecencia del ex embajador de España en  Turquía Manuel de la Cámara Hermoso; de la diputada Carmen Sánchez, que realizó varias preguntas parlamentarias sobre la cuestión; y  varios periodistas que cubrieron la información sobre el accidente.

El  aparato se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en lo  que constituyó el mayor accidente sufrido por las Fuerzas Armadas  españolas en tiempos de paz.

El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en la  calle Génova de Madrid en sesiones de mañana y tarde entre los días 24 de marzo y 3 de abril.