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Lloyds pasa a manos del Estado británico, que ya controla el 65% de sus acciones

  • El Reino Unido garantiza hasta 290.000 millones de euros de activos tóxicos
  • el banco ofrecerá a particulares y empresas 31.175 millones de euros en créditos

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EL ESTADO BRITÁNICO PODRÍA AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LLOYDS HASTA EL 70%
Fotografía de archivo del 19 de enero de 2009 en la que se observa a dos transeúntes al pasar cerca a una sede del Grupo Bancario Lloyds en Londres (Reino Unido).

El Estado británico aumentará su participación en el Lloyds Banking Group desde el actual 43% hasta el 65%, según ha confirmado el propio banco.

Como parte del acuerdo entre el Tesoro y la entidad, el Estado garantiza 260.000 millones de libras (casi 290.000 millones de euros) de activos tóxicos del banco (deudas incobrables y activos de riesgo), en aplicación de su Programa de Protección de Activos.

Asimismo, la entidad abrirá el grifo del crédito con 28.000 millones de libras (31.175 millones de euros) que se pondrán a disposición de empresas y particulares durante los próximos dos años.

Fusión con Halifax

Lloyds se ha visto obligado a buscar ayuda estatal como consecuencia de su fusión con Halifax Bank of Scotland (HBOS), que recientemente informó de unas pérdidas de cerca de 11.000 millones de libras (12.250 millones de euros).

En una operación apadrinada por el Gobierno, Lloyds ha adquirido el pasado enero HBOS para evitar el colapso de ese grupo bancario.

Este viernes, Lloyds Banking Group ha sido uno de los grandes ganadores en la Bolsa de valores de Londres, donde los inversores acogieron con entusiasmo un acuerdo con el Estado que puede limitar las posibles pérdidas de la entidad.

La semana pasada fue el Royal Bank of Scotland (RBS) quien ha puesto bajo protección oficial activos tóxicos por un importe de 325.000 millones de libras (364.000 millones de euros).

El pasado 19 de febrero el Ejecutivo de Gordon Brown ha anunciado la puesta en marcha del Programa de Protección de Activos, a fin de garantizar las inversiones y deudas tóxicas de los bancos para que puedan reanudar los niveles normales de concesión de créditos.

Al acogerse al plan, las entidades deben informar al Estado de cuánto esperan perder por culpa de sus activos tóxicos, y el Tesoro puede asegurar hasta un 90 por ciento de las pérdidas adicionales previstas.