La futura nueva Ley del Aborto abre un nuevo frente entre Gobierno y oposición

• Zapatero asegura que seguirá las recomendaciones del Comité de Expertos
• Aguirre acusa al Gobierno de realizar un "uso obsceno y partidista" del aborto
• ERC e ICV-EUiA ven insuficientes el plazo de 14 semanas
• Duran Lleida considera "inconstitucional" la propuesta
• El Comité no descarta penas atenuadas para las mujeres

Gobierno y oposición han encontrado un nuevo frente político de batalla, la reforma de la Ley del Aborto. Los actos de la víspera del Día de la Mujer han servido para posicionarse sobre el informe del Comité de Expertos dela futura Ley del Aborto, cuyas recomendaciones el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que seguirá, mientras que el PP le acusa de usar el tema de forma "obscena y partidista".

Zapatero, en un acto del Ministerio de Igualdad, ha rechazado que pueda haber mujeres "injustamente incriminadas" cuando deciden interrumpir el embarazo y ha asegurado que seguirán las recomendaciones del Comité, que ayer se analizaron en el Consejo de Ministros.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que ha dicho que el Gobierno se esforzará por ofrecer una ley más segura que ofrezca mayores garantías, una ley "más madura" y acorde con la del resto de los países europeos.

"No podemos permitir que las mujeres puedan ser penalizadas por la dolorosa decisión de interrumpir el embarazo", ha apostillado la ministra.

Aguirre denuncia el "uso obsceno y partidista"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acusado al Gobierno de realizar un "uso obsceno y partidista" del aborto, al considerar que la propuesta estatal busca "desviar" la atención de los ciudadanos sobre la situación de crisis económica.

"El aborto libre para niñas de 16 años es una utilización partidista de un acto íntimo y traumático, ya que el aborto no es un derecho, sino una tragedia y un fracaso personal", ha señalado Aguirre durante su intervención en un acto del PP celebrado en Alcobendas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La concejala y secretaria ejecutiva Sectorial del PP madrileño, Ana Botella, ha acusado al Gobierno de "intentar suplantar a los padres a la hora de educar a niñas de 16 años".

ERC e ICV-EUiA ven insuficientes 14 semanas

Por otro lado, ERC e ICV-EUiA consideran que el plazo de 14 semanas para abortar es insuficiente y han pedido ampliarlo, aunque valoran con  satisfacción gran parte de las propuestas presentadas por el Comité de Expertos del Ministerio Igualdad.

En una jornada sobre el aborto, el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardá ha abogado por el aborto "libre y gratuito" y ha instado a ampliar el plazo para poder abortar hasta las 20 y las 24 semanas.

En esta línea se ha pronunciado el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, que considera que el plazo de 14 semanas "no es razonable" y ha defendido que se amplíe hasta las 22.

Otro de los grupos catalanes, CiU, se muestra en contra de la reforma. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, considera "inconstitucional" la propuesta, ya que supone la "desprotección legal" del feto hasta la vigésimo segunda semana de gestación.

Duran ha opinado que esta propuesta es "contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)", que en una sentencia del 10 de abril de 1985, según ha recordado, dijo que los derechos de la mujer "no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus".

El Comité no descarta penas atenuadas

Además, en el informe del Comité de Expertos no se descarta que las mujeres que aborten fuera de los plazos y supuestos previstos en la futura legislación tengan alguna responsabilidad penal atenuada, nunca implicando penas de cárcel, según el documento.

El documento plantea para las mujeres que incumplan los plazos y los supuestos un "castigo atenuado", que "en cualquier caso debería recurrir a penas no privativas de libertad", y añade que ésta es la "opción mínima".

En cambio, el documento también abre la posibilidad de optar "por una propuesta de máximos", para lo que sería necesaria la modificación del artículo 145.2 del Código Penal, de modo que se especificara que "la embarazada no será penada a tenor de este  precepto". De elegirse este segundo caso, la mujer no tendría ninguna  responsabilidad penal.

En esta misma línea, el comité "también recomienda la creación de un tipo penal atenuado" para sancionar a terceros que, participando en un aborto consentido, realicen la interrupción "antes de finalizar el período de reflexión" de la mujer (de al menos tres días) o no entreguen la información sobre los aspectos médicos de la intervención y las ayudas a las embarazadas, así como en caso de "defectos sustanciales en los dictámenes exigidos en las  indicaciones".