Ocho ONGs de EE.UU. piden al Gobierno colombiano que no amenace a los sindicalistas

• Sindicalistas y defensores de los derechos humanos reciben amenazas de muerte
• 2.600 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1986
• En el comunicado 8 ONGs piden a Uribe que acabe con las amenazas

Un grupo de ocho organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos ha firmado una declaración conjunta en la que piden al Gobierno colombiano que acabe con las amenazas a los sindicalistas y a los defensores de los derechos humanos en el país.

  

El comunicado, difundido por una de las ONGs firmantes, Human Rights Watch (HRW), insta a Bogotá a garantizar que se respete a estos trabajadores y a retractarse de las declaraciones que ponen en riesgo sus vidas.

  

En el documento se lee que "la reciente amenaza de muerte a una abogada de una importante organización de derechos humanos y las repetidas afirmaciones con las que el Gobierno estigmatiza a los miembros de sindicatos y a los defensores de derechos humanos nos han obligado a pasar a la acción".

La abogada a la que se refiere es Lina Paola Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien el pasado lunes recibió un fax firmado por el grupo paramilitar de Águilas Negras, en el que la declaraban "objetivo militar" y citaban su trabajo para la organización y a favor de los sindicalistas.

  

Las organizaciones denuncian que este tipo de amenazas son frecuentes en Colombia, especialmente por parte de las brigadas paramilitares, que "vinculan a los sindicalistas con las guerrillas de izquierda y por eso les persiguen".

  

Según los datos del comunicado, más de 2.600 sindicalistas han sido asesinados en el país desde 1986, y en la mayoría de los casos en los que el culpable fue identificado, se trataba de un paramilitar.

"Estigmatización" por parte del Gobierno

  

El problema se agrava, afirman, por la "constante estigmatización" de la labor de los sindicalistas y miembros de organizaciones civiles por parte del Gobierno.

  

Como ejemplo, citan el discurso en el que el presidente Álvaro Uribe acusó en febrero a quienes denuncian desde el extranjero los abusos de derechos humanos en Colombia de formar parte "del bloque intelectual de las FARC" y de actuar motivados por "odios políticos".

  

"Estas acusaciones son infundadas y deslegitiman el trabajo de los grupos de derechos humanos, cerrando el espacio político que necesitan para ejercer su derecho a la libertad de expresión, y pueden poner sus vidas en peligro", aseguran las organizaciones.

  

Además, advierten de que en marzo de 2008, poco después de unas declaraciones similares del presidente colombiano sobre los organizadores de una marcha contra la violencia paramilitar, varios de ellos recibieron amenazas de muerte y algunos fueron asesinados.

  

Por ello, piden al Gobierno de Uribe que se retracte de sus acusaciones, que emprenda una investigación oficial de las amenazas contra Malagón y que emita "un compromiso público, sostenido e inequívoco con el trabajo en favor de los derechos humanos".

  

Junto a HRW, firman la declaración Human Rights First, el Grupo de Trabajadores de Latinoamérica (LAWG), la Hermandad Internacional de Camioneros, y la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

  

A ellas se sumaron varias organizaciones con sede en Washington: el Proyecto Estadounidense de Educación Laboral en las Américas (US LEAP), la Oficina de Estados Unidos en Colombia y la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA).