El Supremo informa al CGPJ por unos cobros de Garzón en Nueva York por posible falta muy grave

• El TS no considera que haya incurrido en delitos de prevaricación y cohecho
• Fue denunciado por el cobro de dinero por unas conferencias en Nueva York
• El Supremo remite al CGPJ su investigación sobre el cobro de 203.000 dólares 
• El juez no comunicó los cobros en nómina, lo que podría ser una falta muy grave
• Se querellaron contra él por dirigir unas actividades subvencionadas por el Santander

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una investigación sobre unos cobros percibidos por el juez Baltasar Garzón por unos cursos en Nueva York por no haberle comunicado al órgano de los jueces "la percepción de sueldo a través de nómina". Según el Supremo, esto podría sancionarse como una falta muy grave.

 

No obstante, el Alto Tribunal, en el mismo auto, también decide no admitir a trámite una querella por prevaricación y cohecho contra el juez de la Audiencia Nacional por el cobro de este dinero al no considerar que exista delito. 

La querella fue presentada por el abogado Antonio Panea contra el juez de la Audiencia Nacional el pasado 10 de junio. Denunciaba que Garzón recibió del Grupo Santander una "especie de subvención a fondo perdido" de 1,7 millones de dólares "bajo la pantalla" de unas conferencias a impartir en Nueva York, lo que "garantizaba" a los directivos de la entidad "un tratamiento especial de las querellas que pudieran tocar ante el referido juez".

Según la querella, el juez debería haberse abstenido para conocer cualquier asunto que afectara a los administradores del banco, pero, por contra, el 27 de noviembre de 2006 no admitió a trámite una querella contra Emilio Botín.

La Sala Penal del Supremo considera que los hechos no son constitutivos "de ilícito penal alguno", ni de cohecho ni de prevaricación, y acuerda el archivo de las actuaciones, a instancia de la Fiscalía.

302.000 dólares del BSCH para unos cursos de Garzón

Según el auto, la entidad BSCH entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I Rey de España en Nueva York para el patronazgo de las actividades "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica", cuyos coloquios coordinó y moderó Garzón. El juez obtuvo del CGPJ licencia de estudios para Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006.

No obstante, el Alto Tribunal entiende que "no cabe decir que la entrega fuese con la finalidad de dictar resolución de contenido determinado" respecto a la querella presentada contra Botín -ya que ésta fue posterior-. Añade el TS que "ni siquiera puede asegurarse que el dinero entregado por la entidad bancaria tuviese al querellado (Garzón) como directo destinatario".

También rechaza que el banco hiciese esa "generosa aportación" por el cargo de Garzón de juez de la Audiencia Nacional.

Respecto al delito de prevaricación, el Alto Tribunal no lo contempla, aunque considera que el hecho de no abstenerse en la querella contra Bolín, la eventual "antijuridicidad" de la no abstención "se encuentra tipificada como una de las faltas que serían merecedoras, en su caso, de una sanción disciplinaria".

Cobros en Nueva York

No obstante, el Supremo sí acuerda deducir testimonio de la resolución y de la documentación recibida en su investigación por Universidad de Nueva York y remitirla al CGPJ "a los efectos que estime pertinentes".

De la documentación recibida por el Supremo, concluye que el Centro Rey Juan Carlos I asumió 21.152 dólares por gastos de viaje de Garzón y 21.650 por la escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas; y otros 160.33,14 dólares recibió Garzón del Centro de Derecho y Seguridad "en concepto de sueldo", una suma total de 203.135,14 dólares. 

Además, por la organización de los cursos "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica" del Centro Rey Juan Carlos I "no percibió retribución alguna" ya que, "al haber entrado en nómina" de la Universidad de Nueva York, no podía percibir cantidades por participar en sus actividades.

El Supremo señala que el juez Garzón, tanto en su solicitud de licencia de estudios como en la prórroga que pidió de la misma, no consta que comunicase al CGPJ que su actividad de docencia "fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina", sino que se limitó a hacer referencia de sufragio de gastos.

El Alto Tribunal entiende que, esa no comunicación de "la percepción de sueldo a través de nómina", y el hecho de que las cantidades percibidas "pudieran exceder de los límites fijados" por la Ley de Incompatibilidades, puede ser "determinante de consecuencias jurídicas y económicas" que deberá determinar el CGPJ. 

En este sentido, apunta que Garzón puede haber incurrido en una "falta muy grave de faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas".