Condenan a cinco años y medio de prisión a la dueña de un 'pub' ruidoso en Barcelona

• El ruido perturbó la salud física y psíquica de tres vecinos del primer piso
• El bar musical estaba situado en la calle Nou de La Rambla de Barcelona
• Los afectados por el ruido sufrieron depresión y tuvieron que tomar ansiolíticos

La sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a cinco años y medio de prisión a la dueña de un 'pub' por contaminación acústica y por "perturbar la salud física y psíquica" de tres vecinos del inmueble, en el que estaba situado el establecimiento.

  

La condenada es María del Carmen Ahijado, propietaria entre abril de 2005 y mayo de 2006 del bar 'Donegal', situado en los bajos del número 44 de la calle Nou de la Rambla de Barcelona.

  

La mujer instaló en su bar, sin permiso administrativo, un equipo de música con cinco altavoces distribuidos por todo el local que generaban ruido desde las nueve de la mañana a las tres de la madrugada.

  

Este ruido "ha perturbado gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica" de los vecinos del primer piso, que precisaron atención psiquiátrica por un transtorno depresivo y debieron tomar ansiolíticos.

  

Una inspección municipal en septiembre de 2005 detectó que a las 22.30 horas los vecinos soportaban un ruido de más de 43 decibelios, muy superior al permitido en la franja nocturna, por lo que los inspectores propusieron que se exigiera a la dueña la adecuación a la normativa medioambiental.

A pesar del requerimiento, la mujer lo ignoró y el vecino perjudicado formuló una nueva denuncia en la que solicitaba la clausura, a lo que se negó el jefe del departamento de Licencias e Inspección al considerar desproporcionada la medida.

  

Ante esta situación, el vecino formuló una denuncia en diciembre de 2005 ante la Fiscalía de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Más denuncias e inspecciones

Una nueva inspección constató en enero de 2006 que el establecimiento seguía sin estar insonorizado y que el nivel de ruido causado en el dormitorio de los perjudicados en horas nocturnas era de una media de 30,8 decibelios.

Tras esta nueva inspección, el consistorio propuso la clausura, que se ejecutó en febrero de 2006, pero la dueña rompió los precintos y puso en funcionamiento el bar de nuevo, ignorando el cierre municipal.

  

Poco después, y en función de la denuncia ante la Fiscalía del TSJC, miembros de la Policía Judicial y técnicos de la Oficina de Gestión Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat instalaron sonómetros y tomaron muestras en el domicilio de los perjudicados, que dieron niveles que oscilaban entre los 29 y los 42 decibelios.

  

Estas emisiones vulneran los límites establecidos, "suponiendo un grave riesgo para la salud de las personas que habitan en el piso primero del número 44 de la citada calle", se afirma en la sentencia.

  

En el juicio, la acusada negó los hechos y explicó que pagó a un funcionario municipal para permitirle que el pub siguiera funcionando, unas acusaciones que negaron fuentes municipales.