Un billón de dólares para rescatar los activos tóxicos mediante subasta

• Se trata de limpiar el sistema de activos tóxicos para reactivar el crédito
• El Estado llevará a cabo la operación en colaboración con el sector privado
• El precio de los activos tóxicos se determinará en subasta
• Los mercados acogen los detalles subiendo

El Tesoro de Estados Unidos ha desvelado por fin los detalles del plan para limpiar el sistema financiero de activos tóxicos, fundamentalmente activos respaldados por hipotecas. Se trata de eliminar el "tapón" que está estrangulando el crédito a consumidores y empresas para reactivar la economía.

El Tesoro dedicará hasta un billón de dólares en esta limpieza y la clave es incorporar al sector privado en la operación. Los inversores privados -fondos de pensiones, hedge funds, aseguradoras, etc- participarían a partes iguales con el sector público en la compra de activos tóxicos. 

El plan aborda uno de los principales escollos del problema: poner precio a unos activos que hoy por hoy nadie quiere comprar. Las entidades financieras no quieren deshacerse de ellos a precios de mercado porque tendrían que reflejar en sus balances cuantiosas pérdidas. La solución que propone el departamento que dirige Tim Geithner es sacar los activos a subasta. 

Los mercados bursátiles han reaccionado al alza. Todo un contraste con lo que sucedió el pasado 10 de febrero, cuando Geithner anunció las líneas generales del plan de rescate financiero. Entonces se criticó la falta de detalles y Wall Street se desplomó casi un 5%. Este lunes, media hora después de la apertura, la bolsa de Nueva York subía más del 3%.

Un proceso de limpieza complejo

El proceso para limpiar de activos tóxicos tiene varias fases. Primero, los bancos deben decidir los títulos que quieren vender. El Fondo de Garantía de Depósitos -FDIC, en inglés- examina el nivel de financiación que está dispuesto a aportar y en ningún caso el apalancamiento -relación entre deuda y capital- puede superar la relación 6 a 1.

El Fondo de Garantía de Depósitos lleva a cabo la subasta de los activos. La puja más alta tendrá el respaldo público a partes iguales: por cada dólar privado, el Estado aporta otro dólar. La subasta es el método elegido por el Tesoro para evitar pagar de más por unos activos que actualmente nadie quiere. 

Si el banco acepta el precio de compraventa, el comprador recibirá financiación emitiendo deuda garantizada por el Fondo. Una vez que los activos han sido comprados, los gestores privados controlarán los títulos hasta el final del proceso. El resultado, según el Tesoro, es que los contribuyentes y los inversores comparten los riesgos pero también las ganancias potenciales.

Este plan público-privado utilizará hasta 100.000 millones de dólares del Programa de Rescate de Activos con Problemas -el nombre oficial del plan de rescate financiero- aprobado el año pasado. El poder de compra real, en colaboración con la Reserva Federal, alcanza el medio billón de dólares y se puede duplicar si es necesario.

Las primas de AIG entorpecen el proceso

La novedad del plan de Geithner sobre el de su predecesor en el cargo, Hank Paulson, es incorporar al sector privado en la solución del problema de los activos tóxicos. Esencialmente, el Estado presta dinero al sector privado para comprar el veneno del sistema financiero y aprovecha a cambio los conocimientos y la gestión de los inversores privados.

Sin embargo, el nuevo impuesto especial que aprobó la semana pasada la Cámara de Representantes puede echar atrás esa colaboración. Los inversores no ven con simpatía que el Estado imponga límites a las primas que cobran sus ejecutivos. Y menos con efecto retroactivo. No es casual que Obama haya dado señales de que se debe desactivar esa ley. 

En una entrevista el domingo con la cadena CBS, Obama señaló que "no se deben aprobar leyes que apunten a un puñado de individuos y no se debe utilizar el código tributario para castigar a la gente". Obama comprende el enfado popular, pero señala que hay que encontrar maneras de solucionar el problema de forma legal y constitucional, y que no obstaculicen los esfuerzos para estabilizar el sistema.