La Audiencia Nacional juzga a tres mandos militares por el accidente del Yak-42

• El fiscal pide penas de prisión de entre cuatro años y medio y cinco años
• También les reclama indemnizar por daño moral a cada familiar de los 30 mal identificados
• Acusa a los tres responsables de la identificación de falsear los certificados de defunción
• Los familiares lamentan que no se juzque a Trillo, "que no mandó ningún forense"
• Es el primer juicio penal por los despropósitos de la mayor tragedia militar española

La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este martes a los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo del 2003, la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. Las familias esperan que aunque no se juzque a ningún político, se aclaren también sus responsabilidades.

Poco antes de cumplirse el sexto aniversario de un accidente, el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez se sentarán en el banquillo acusados de dos delitos de falsificación de documentos oficiales por los que el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, pedirá penas de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel.

El Ministerio Público solicitará además una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los acusados: de 60.000 euros y 5 años para Navarro, y de 24.000 euros y 4 años para Ramírez y Sáez. Les reclamará también indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los familiares (cónyuges, hijos y padres) de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado como responsable civil subsidiario.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal dice que las autoridades turcas entregaron 62 bolsas individualizadas con los cadáveres de los militares, que examinaron los acusados Ramírez y Sáez, "a las órdenes" de Navarro y que llegaron a la "razonable certeza" de la identidad de 32 cadáveres por los uniformes o las chapas.

La identiicación "ficticia"

Menos de 48 horas después del accidente, a las 02.30 horas del 28 de mayo, las 62 bolsas fueron entregadas al general José Antonio Beltrán (coordinador de la delegación española apartado de la causa al ser acusado únicamente por las familias) y al general Navarro, acompañadas de un acta donde aparecían 30 cadáveres sin identificar.

"Sin ningún dato revelador de la identidad de los restos humanos contenidos en estas bolsas, el general Navarro asignó identificaciones a cada una de ellas", añade el fiscal. Navarro entregó la lista a Ramírez y Sáez, que eran "conscientes" de que las identificaciones eran una "ficción".

Entonces, Navarro afirmo a TVE (ver las declaraciones recogidas en un reportaje de Informe Semanal) que "las circunstancias del accidente han permitido que muchos de los cadáveres hayan sido fácilmente reconocidos porque todos iban uniformados, excepto un caso. Y la chapa también ha sido de enorme ayuda".

Los cadáveres fueron trasladados a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde el comandante y capitán médicos hicieron 62 informes de necropsia en los que expresaron que se realizaban en Trebisonda el 27 de mayo y expidió los 62 certificados médicos de defunción "haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y tras haberse realizado la autopsia".

En noviembre del 2004, la Audiencia Nacional ordenó la exhumación de los restos mortales de 21 fallecidos, a los que se practicaron pruebas de ADN junto a las cenizas de otras siete víctimas que habían sido incineradas. Otras dos familias las habían esparcido pensando que correspondían a las de sus seres queridos.

Las cuatro acusaciones particulares ejercidas por los familiares pedirán penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.

Sin políticos

El tribunal que juzgará estos hechos --formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez (ponente), y los magistrados Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda-- ha rechazado la comparecencia como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono.

En cambio, sí testificarán en el juicio --que previsiblemente finalizará el 3 de abril-- el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Félix Sanz Roldán y el general José Antonio Beltrán.

Los familiares han lamentado que "las personas que organizaron la identificación no van a estar ni a declarar" y han dicho que confían en que quede claro que el ex ministro Trillo "mandó a un equipo médico entre el que no había ni un sólo forense".

Este será el primer juicio que se celebre en relación con este siniestro plagado de despropósitos, aunque el juez Fernando Grande-Marlaska también investiga la causa sobre las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 en la que ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a otros cinco mandos militares.

El Yak-42 se precipitó al suelo mientras hacía una maniobra de aproximación al aeropuerto de Trebisonda (Turquía). Además de los 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, fallecieron los 12 miembros de la tripulación de nacionalidad ucraniana.