El PP considera el recurso de la ley de cajas "una injerencia inaceptable"

• Montoro ve "una provocación" que el ejecutivo no haya consultado al PP
• Aguirre defiende la constitucionalidad de la ley y pide respetar el dictamen del TC

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro considera el recurso del Gobierno contra la ley de cajas de la comunidad de Madrid "una injerencia inaceptable", que fue realizada "sin consultar al principal partido de la oposición".

Montoro ha señalado que se trata de "otra maniobra de distracción" que constituye "una injerencia inaceptable", ya que "el parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene el perfecto derecho a elaborar una ley, y el Ayuntamiento de Madrid tiene el perfecto derecho a pleitear contra esa ley, que para eso somos un Estado de Derecho".

"Una provocación"

"El Gobierno de España tiene otras cosas que hacer mucho más prioritarias y mucho más importantes que provocar un pleito que es una injerencia en casa ajena", ha defendido. 

Montoro ha criticado que se trata de "una auténtica provocación" por parte del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero "en un momento muy delicado de la economía española y del sistema bancario español".

 

"Así no se va a entender con el PP el Gobierno de España en una cuestión fundamental como va a ser hacer frente a la crisis bancaria", ha advertido.

Aguirre insta a respetar el dictamen

Por su parte, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha defendido la constitucionalidad de la Ley de Cajas autonómica y ha instado a las partes a respetar el dictamen del Tribunal Constitucional, que tendrá también que decidir si suspende temporalmente el texto aprobado el pasado mes diciembre por la Comunidad de Madrid.

"El Gobierno ha presentado un recurso porque piensa que la ley es inconstitucional. Nosotros creemos que es constitucional y que es una discusión jurídica que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional (TC)", se ha limitado a señalar Aguirre a la salida de un acto de la noche de los teatros.

El Ejecutivo central argumenta que dicha ley establece "fórmulas de ponderación" en los órganos de gobierno de Caja Madrid de las corporaciones locales y los impositores "contrarias al criterio de proporcionalidad" que establece la ley de órganos rectores de cajas de ahorro (LORCA) de 2003.