Todos contra todos para dominar Caja Madrid

• El control de la cuarta entidad financiera de España enfrenta a Aguirre y Gallardón
• La nueva ley de cajas regional reduce la representación del Ayuntamiento de Madrid
• PSOE, IU y sindicatos también intervienen en la disputa en uno u otro bando
• El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, pugna con Aguirre por mantener su cargo
• El Ejecutivo nacional también ha intervenido al recurrir la ley de cajas

Un cliente sale de una oficina de Caja Madrid en la capital. (Archivo)

La batalla por el control de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España, ha saltado definitivamente del ámbito regional al nacional, después de que el Gobierno anunciase su intención de recurrir por inconstitucional la ley de cajas de ahorro aprobada por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2008, en lo que constituye el último movimiento de un complejo juego de intereses, que enfrenta especialmente a dos barones del PP: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

La disputa comienza en noviembre del año pasado, cuando el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, logra que el Consejo de Administración inicie el proceso electoral de renovación de cargos, que culminará en septiembre de este año. Blesa, aupado a la presidencia en 1996 por el Gobierno de José María Aznar, pretende mantenerse así en el cargo, lo que choca con las intenciones de Aguirre, cuyo Ejecutivo prepara una nueva ley que modifica el reparto de poder en la caja y no cuenta con él para un nuevo mandato.

Al iniciar el proceso electoral antes de la aprobación de la nueva ley, Blesa buscaba que la elección de cargos quedara al margen de la nueva regulación. Para ello cuenta con los apoyos de los sindicatos, de IU -que ostenta la vicepresidencia del Consejo de Administración, a través de José Antonio Moral, pese a ser el tercer grupo político de la región- y, sobre todo, de Gallardón, que quiere frenar el intento de Aguirre de controlar la caja en su contra.

Junto a la presidenta, paradójicamente, se alinea el PSOE madrileño, ya que su secretario general, Tomás Gómez, obligado a elegir entre ambos bandos, opta por tratar de ganar representación en la caja a través de la Asamblea de Madrid, debilitar a Gallardón y, al mismo tiempo, depurar a rivales socialistas, como Francisco Pérez, miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid y ex jefe de gabinete con el antecesor de Gómez, Rafael Simancas.

Nueva ley

El 10 de noviembre, la asamblea general de Caja Madrid aprueba en reunión extraordinaria el proceso electoral, con el rechazo de los aguirristas y la abstención de los consejeros socialistas y de UGT. Blesa necesita, no obstante, que la Comisión de Control, el tercer órgano de gobierno corporativo, también de su visto bueno y se constituya en Comisión Electoral.

Sin embargo, al frente de la Comisión de Control estaba Pablo Abejas, consejero afín a Aguirre, que dilata el proceso mientras el Ejecutivo madrileño prepara la nueva ley de cajas de ahorro, que finalmente es aprobada en la Asamblea de Madrid a finales de diciembre.

La normativa recogida en Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas contiene las dos claves políticas de la modificación. Por un lado, se limita la representación del Ayuntamiento de Madrid al 30% de los consejeros generales que representan a los municipios en la asamblea de Caja Madrid, cuando hasta entonces disponía del 70% -en consonancia con el número de oficinas y depósitos que hay en la capital-.

Por otro lado, se elimina cualquier ambigüedad en la ley sobre la reelección de consejeros tras 12 años en el cargo, al establecer que podrán ser reelegidos "sólo en el caso de que la representación por la que se les reelija fuera por el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior". Es decir, a Blesa sólo lo puede reelegir como consejero la Asamblea regional, que es tanto como decir Esperanza Aguirre, dada la mayoría absoluta del PP en la cámara.

Rifirrafes legales

Aunque Blesa y Gallardón tratan de que el proceso electoral se inicie antes del 1 de enero, cuando entra en vigor la nueva ley, les es imposible: a esa fecha, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no ha publicado el anuncio de apertura y la Comisión de Control no se ha constituido en Comisión Electoral.

La Comisión de Control, precisamente, es el escenario de una de las batalles clave, cuando los consejeros afines a Blesa tratan de desalojar a Abejas de su cargo, entre otras cosas gracias a que el socialista Francisco Pérez contraviene las consignas de Tomás Gómez. En su lugar colocan a Fernando Serrano, defensor del contribuyente en el Ayuntamiento y afín a Gallardón. Abejas no ha admitido su destitución, pero el Banco de España sí ha validado la inscripción de Serrano, que a su vez ha sido vetado por el Gobierno de la Comunidad por incompatibilidad de cargos.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo regional está presionando para que Caja Madrid adopte los nuevos estatutos, acordes con la nueva ley de cajas, mientras Blesa y sus aliados se resisten.

Por el momento, el Consejo de Administración ha rechazado su adopción, con el voto en contra de dos tercios de los 21 consejeros, y la Asamblea General también votó el pasado 23 de marzo en contra de la nueva normativa. No obstante, según recoge tanto la nueva ley de cajas regional como la normativa anterior de 2003, el Gobierno regional puede imponer los estatutos en el plazo máximo de un mes.

Batalla en los tribunales

Estas luchas en el seno de la entidad se han combinado con la judicialización del caso, iniciada el 13 de marzo con el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la reforma de los estatutos impuesto por la nueva ley regional. También el Ayuntamiento de Sevilla ha recurrido la norma, al considerar que reduce su representatividad.

Como consecuencia del recurso impulsado por Gallardón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió el 16 de marzo de forma cautelar cualquier acción dirigida a aprobar los nuevos estatutos de Caja Madrid. Pero dos días después, tras escuchar a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, respaldaba los estatutos y levantaba las medidas cautelares.

Al margen de los recursos judiciales, la batalla sigue y se intensificará en mayo, cuando haya que renovar 12 de los 21 miembros del Consejo de Administración: los tres de la Asamblea de Madrid, los dos de entidades sociales y los siete de ayuntamientos.