Aído pregunta por qué no ha habido manifestaciones contra el aborto en 25 años

• La ministra dice que los manifestantes están instalados en un debate "superado"
• Aído se ha reunido con las clínicas abortistas y con la Sociedad de Contracepción
• Bono afirma que el aborto es un hecho y por ello requiere seguridad jurídica

Continúa la ronda de conversaciones de la ministra de Igualdad para redactar la nueva ley del aborto

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha preguntado a las personas que se manifestaron el pasado domingo contra la reforma de la ley del aborto por qué no han realizado protestas similares durante los 25 años que lleva vigente la norma actual.

Aído ha respondido así a los periodistas al término de sendas reuniones que ha mantenido con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) dentro de la ronda de contactos que inició la semana pasada para analizar la reforma de la ley del aborto.

Tras expresar el "máximo respeto" por las opiniones vertidas sobre el tema, Aído ha instado a los organizadores de la marcha -los colectivos antiabortistas Derecho a Vivir, HazteOir.org, Médicos por la Vida y Grupo Pro-Vida Madrid- a que concreten "qué aspectos no comparten en un anteproyecto de ley que todavía no existe". 

A su juicio, los convocantes están instalados en un debate "superado" que tuvo lugar hace casi un cuarto de siglo, cuando se aprobó la actual ley del aborto en 1984.

Aído ha subrayado que existe un "amplio consenso" acerca de que la viabilidad fetal comienza a partir de la semana 22, el plazo hasta el que se permitiría abortar en caso de malformaciones, según las recomendaciones del comité de expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad. Así, ha explicado que la propuesta es que hasta esa fecha prevalezca el derecho de las mujeres a decidir y que, a partir de la misma, sea el del no nacido, salvo en los casos en que no se asegura la supervivencia del feto.

También ha asegurado que el Ejecutivo comparte la recomendación de que las mujeres que abortan no puedan ser penadas con cárcel.

Preguntada por la diferencia de abortar entre la semana 14 o la 15, Aído ha asegurado que "la diferencia son siete días" y ha señalado que el plazo de aborto hasta la semana 14 fijado por los expertos responde a criterios científicos y al análisis pormenorizado de la legislación de los países del entorno.

Reunión con las clínicas

La ministra, que el jueves cierra los contactos con grupos feministas y antiabortistas, ha subrayado que en sus dos reuniones se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la ley porque la actual "ha quedado vieja y permite arbitrariedades".

ACAI ha defendido ante la ministra el aborto libre hasta la semana 24 de embarazo y la eliminación de cualquier plazo en caso de malformaciones en el feto. Aído y las clínicas abortistas han coincidido en la necesidad de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional y que ésta se realice en la red pública así como en la conveniencia de incluir la norma en una estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.

Asimismo han mostrado su acuerdo en aumentar la protección y la seguridad jurídica de las mujeres que deciden abortar.

Por su parte, los representantes de SEC han manifestado a la ministra la necesidad de incluir la educación sexual dentro del sistema educativo de forma obligatoria. Ésta ha señalado que "el caballo de batalla está en la prevención, la educación y la formación", y en este marco ha englobado la estrategia de salud reproductiva que tiene previsto aprobar junto con la reforma del aborto.

Bono: el aborto es un hecho, por lo que necesita seguridad jurídica

Por su parte, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha afirmado que la reforma de la Ley del aborto no trata de reconocer el derecho a abortar, sino de dar seguridad jurídica "a lo que es un hecho".

Bono ha expresado que "no es malo" que en cualquier legislación la seguridad jurídica sea un valor en el que se incremente y se crezca, "porque la actual Ley del aborto ofrece flancos que deben ser corregidos".

"No me parece mal que se trabaje en la idea de un proyecto de plazos" ha manifestado el presidente del Congreso de la Diputados, que ha indicado que, personalmente, y al margen de cualquier creencia religiosa o consideración moral, "ninguna mujer debe ir a prisión por abortar dentro de los supuestos despenalizados".