El Gobierno presenta ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley de Cajas de Madrid

• Recurre la norma autonómica por alterar "frontalmente" el modelo participativo
• Si se admite a trámite, se suspenderán temporalmente los artículos impugnados
• Los artículos se refieren a la elección de consejeros y a regulación de personal
• Esperanza Aguirre vuelve a insistir en que la norma es constitucional

La abogacía del estado ha presentado esta mañana el recurso contra la ley de cajas de la Comunidad de Madrid

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que, de ser admitida a trámite, supondrá la suspensión temporal de dos artículos de la citada norma que se impugnan en el recurso.

Según fuentes jurídicas, en el documento se invoca la suspensión cautelar por cinco meses de la normativa autonómica en la que se incluye la ley de cajas, aprobada en diciembre y en vigor desde comienzos de este año, con el objetivo de regir el proceso electoral iniciado en octubre en Caja Madrid.

El Gobierno ha recurrido la ley por considerar que supone una "flagrante vulneración" de la norma básica estatal al implicar "una conformación radicalmente distinta" de la Asamblea de Caja Madrid.

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, impugna el artículo 28 y 12 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, que en el caso del primero alude al régimen de elección de los consejeros de Caja Madrid, que alterarían "frontalmente" el modelo participativo establecido en la legislación estatal.

El artículo 12 se refiere a la nueva regulación del personal fijo que trabaje en instituciones o centros sanitarios. 

Denuncias de inconstitucionalidad

En el recurso se considera inconstitucional la modificación de la representación de los consejeros generales por el sector de las corporaciones municipales y el de los impositores, al tiempo que denuncia que va en contra de la regulación estatal de "las normas básicas" sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).

En concreto, critica que la ley autonómica establezca dos circunscripciones electorales, fije la proporción entre depósitos por oficinas y habitantes para determinar la distribución de consejeros, así como limite al 30% la representación máxima de un ayuntamiento.

La Abogacía del Estado invoca una sentencia del propio TC de 1998 en la que se reconoce que las comunidades autónomas tienen capacidad para variar los porcentajes de participación en las asambleas de las cajas de cada grupo o sector que está representado, siempre y cuando la legislación autonómica obedezca a la "finalidad democratizadora que persigue la ley".

El Ejecutivo entiende además que los cambios propuestos por una comunidad autónoma no pueden alterar el principio de igualdad y proporcionalidad en los representantes territoriales en la caja establecidos en LORCA, especialmente para representantes de las corporaciones locales y de los impositores.

Las modificaciones promovidas por Aguirre

En el caso de los ayuntamientos, la modificación, promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y apoyada por el grupo socialista en la Asamblea autonómica, contempla la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad de Madrid y otra para los del resto de comunidades en las que Caja Madrid tenga oficinas-.

Además, limita hasta el 30% la representación máxima de cualquier corporación municipal en los órganos de gobierno de la caja, lo que resta peso al Ayuntamiento de Madrid, que con la anterior normativa contaba con el 70%, en línea con el negocio de la entidad en la capital.

Mientras que en el sector de impositores, la normativa regional otorga mayor protagonismo a aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que, aunque con menor población, tengan mayores depósitos en la entidad.

A este respecto, la Abogacía del Estado recuerda el principio de igualdad de representación de las comunidades autónomas, en proporción a los depósitos de los clientes de Caja Madrid. Los argumentos jurídicos concluyen que quedan sin una representación "razonable" en la Asamblea de la entidad los intereses sociales fuera de la Comunidad de Madrid. 

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el pasado viernes que habían ordenado a la Abogacía del Estado la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley impulsada por Esperanza Aguirre.

Por su parte, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado este lunes "convencida" de que el Tribunal Constitucional suspenderá automáticamente los artículos de Ley regional de Cajas de Ahorro que ha recurrido el Gobierno de España, a pesar de que ha insistido en que la norma es constitucional.