Aído ve difícil llegar a un acuerdo con los grupos provida, que se sienten "ninguneados"

• Afirma que los grupos Provida quieren "retroceder" y el Ejecutivo "avanzar" con la nueva ley
• Gádor Joya, de Derecho a Vivir, cree que sus posturas "nunca serán tenidas en cuenta"
• Coinciden en la necesidad de aumentar la información para prevenir embarazos indeseados 

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha dado por zanjado el "proceso de escucha" iniciado el pasado 24 de marzo para atender las recomendaciones de las distintas organizaciones sociales previa reforma de la ley del aborto, y ha concluido que será "muy difícil" llegar a un punto de encuentro con algunos de los grupos, que "quieren retroceder". Los grupos pro vida han dicho sentirse "ninguneados".

La última jornada de reuniones arrancó este jueves con una veintena de organizaciones de mujeres entre asociaciones y plataformas estatales, que trasladaron a la ministra algunas de sus "preocupaciones", como el margen que queda entre las 22 semanas de límite para abortar en caso de malformación fetal y el final del embarazo, por la posibilidad de detección tardía en algunas patologías.

Al término de este encuentro, la ministra se reunió con la Federación Española de Asociaciones Provida y constataron que la ley actual "no satisface" a ninguna de las partes. "Coincidimos en eso, pero ellos quieren retroceder (...) y el Gobierno quiere avanzar", sentenció Aído. La organización, por su parte, se manifestó contraria a la legislación actual y solicitó que se desista también en su reforma, porque "ningún aborto es inevitable".

No obstante, coincidieron en la necesidad de dar más información a las embarzadas; tanto sobre las ayudas al embarazo como sobre las consecuencias de un aborto. La titular de Igualdad ha acordado el establecimiento de un procedimiento informado, inexistente en la actualidad, por el que las mujeres conozcan las ayudas de que disponen si deciden seguir adelante con su embarazo y que será tenido en cuenta a la hora de elaborar el anteproyecto de ley.

Asimismo, también ha habido concordancia en la necesidad de informar sobre los efectos secundarios del aborto, lo que los pro vida califican de "síndrome postaborto". Bibiana Aído ha señalado que el Gobierno defiende la vida "tanto" como las asociaciones antiabortistas, pero "no puede someterse a criterios religiosos extremos".

Gádor Joya: "Las reuniones son de cara a la galería"

Los últimos en pasar por el Ministerio de Igualdad fueron los representantes de Dereho a Vivir (DAV) cuya portavoz, Gádor Joya, hizo entrega a la ministra de una foto enmarcada de la manifestación provida celebrada en la capital el domingo y de un documento que recoge en nueve puntos las reivindicaciones de este colectivo promotor de la 'Declaración de Madrid', que han respaldado "más de 2.000 científicos y académicos".

La portavoz de la organización, Gádor Joya, dijo al término del encuentro que sus posturas han sido escuchadas "pero nunca serán tenidas en cuenta" lo que a su juicio constata que este ciclo de reuniones "es de cara a la galería y demuestra la nula intención del Gobierno de escuchar a la élite médica, reflexionar o debatir la reforma de esta ley con nadie".

Una semana de encuentros

El primero de los encuentros tuvo lugar el mismo día 24 con el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), institución con quien Aído convino modificar el Código Penal para eliminar "conceptos discriminatorios" como la expresión "tara física" en el feto, y redactar la nueva ley dejando fuera estos "términos inaceptables".

El presidente del CERMI, Luis Cayo, solicitó a la ministra que la nueva ley "no incluya ninguna forma de discriminación por razón de discapacidad" y acordó con ella participar en la redacción del anteproyecto para velar por ello. En conclusión, se mostró "satisfecho y esperanzado" para que la nueva ley no sea incompatible con el Convenio de la ONU sobre Discapacidad.

Ya el 25 de marzo, Aído recibió en su despacho al Consejo de la Juventud de España, cuyo presidente, Daniel Lostao, pidió a la ministra más políticas de prevención de embarazos no deseados. Aído destacó tras aquel encuentro la "sintonía" entre las recomendaciones del Comité de Expertos y las posiciones de esta organización, que es favorable a que las chicas de entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento paterno.

Unos cinco días después, la ministra recibió a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), a la Sociedad Española de Contracepción y a la Fundación homónima, que centraron sus recomendaciones en ampliar el plazo de aborto libre hasta las 24 semanas frente a la recomendación del Comité de Expertos asesor del Gobierno, que sugiere fijar el límite en 14.

El miércoles día 1 fue el turno de la Federación de Planificación Familiar, cuya presidenta, Alicia Serrano, reivindicó más abortos en la sanidad pública, educación sexual en las aulas, y mejor acceso a los métocos anticonceptivos. En su opinión, los sectores contrarios al uso del preservativo están "inconscientemente, promoviendo el incremento del número de abortos".

Aunque el proceso de escucha como tal ya se da por clausurado, la ministra aseguró que seguirá "en contacto permanente" con todas las entidades a lo largo del proceso para elaborar el anteproyecto de ley que habrá de ir al Consejo de Ministros.

Se reabre la controversia

Aído defiende la necesidad de la reforma "para mejorar la salud sexual y evitar que la tendencia de embarazos no desados se incremente". Ha asegurado que el Gobierno trabaja por una Ley del Aborto "más garantista"

Ha criticado que "se intente llevar el debate a si el aborto debe ser legal o no" ya que, ha dicho, "ese debate es de hace 20 años".

Pero las críticas no cesan y las asociaciones provida están en "total desacuerdo" con la actual ley del aborto y exhortan al Gobierno a que "apueste por la vida".

Miles de antiabortistas se manifestaron el pasado 29 de marzo en Madrid para pedir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que dé marcha atrás en la reforma del aborto.

Asimismo, la Iglesia se enfrentó a la futura normativa con una polémica campaña de comunicación ¡Protege mi vida!, a la que el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, acusó a los obispos de seguir "un camino distinto al de la sociedad".